Guillermo Ríos, director de Avanza Mobility Cataluña; Josep Mª Martí, CEO de Moventia; Carles Fàbregas, consejero de estrategia corporativa de Tusgsal; y Alejandro Tercero, director adjunto de Crónica Global
El clamor del sector privado: Las operadoras de autobuses metropolitanas piden mejorar la revisión de precios en los contratos públicos
Las empresas de transporte aseguran llevar años con márgenes muy ajustados mientras se dispara la inflación y la demanda de usuarios debido al descalabro de Rodalies
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Un sector que practica "la apnea", pero que "necesita aire" y, por aire, significa más dinero para garantizar un servicio de calidad al usuario, condiciones laborales dignas a los trabajadores y asegurar la viabilidad empresarial.
Las operadoras privadas de transporte por autobús que operan en el área metropolitana han clamado por la derogación de la ley de desindexación, una norma aprobada en 2015 por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que encorseta la posibilidad de aplicar revisiones de precios en la contratación pública.
En el marco de la cuarta edición del foro BCN Desperta!, celebrado en la Casa Seat de Barcelona, el director general de Tusgsal, Carles Fàbregas, el director de Avanza Mobility Cataluña, Guillermo Rios y el presidente de Moventia, Josep Mª Martí, los tres directivos han coincidido en señalar que desde 2020, la inflación se ha disparado año tras año. Sube el precio de gasolina, de nuevos vehículos, pero la ley no permite, año tras año, revisar los precios con la Administración, el principal cliente.
Esa combinación, junto con el aumento de la demanda provocada por los recurrentes fallos en Rodalies, produce un único resultado: el margen operativo de las empresas es cada vez más ajustado. En este sentido, Fábregas ha pedido "un diálogo abierto con la Administración para poder dotar a los servicios de transporte de los recursos que necesitan para que puedan garantizar el derecho universal a la movilidad".
Relación calidad-precio
Martí, por su parte, ha pedido a su vez que cambie no solo la ley, sino la misma lógica de contratación que aplican las administraciones públicas. "Los contratos se centran sobre todo en la cuestión económica y eso nos aboca a una competencia por rebajar precios", analiza.
Guillermo Ríos, director de Avanza Mobility Cataluña; Josep Mª Martí, CEO de Moventia; Carles Fàbregas, consejero de estrategia corporativa de Tusgsal; y Alejandro Tercero, director adjunto de Crónica Global
Por contra, aboga por aplicar una lógica de relación calidad-precio, de forma que no se priorice a los actores económicos dispuestos a rebajar más sus precios, sino aquellos que se ajustan mejor a un precio competitivo y, a la vez, un servicio de calidad.
Los actores privados, la realidad del área metropolitana
Rios, además, ha pedido a ayuntamientos, Generalitat y Estado que se responsabilicen de todo aquello que ponga en riesgo el servicio y la integridad de las operadoras.
Sucede que en casos como Barcelona, la propia ciudad dispone de los recursos para disponer de una operadora pública como TMB de transporte. Esta misma llega también a ciudades de su entorno. Pero son consistorios más humildes, como los del área metropolitana, que confían en operadoras privadas como Tusgsal, Avanza o Moventis.
Guillermo Ríos, director de Avanza Mobility Cataluña
Pero derogar una ley es todo un proceso que conlleva, entre otras cosas, tiempo. ¿Qué hacer hasta entonces para insuflar ese aire a operadoras que terminarán por ahogarse si no se produce un cambio? Martí ha pedido que se utilicen las fórmulas que proporciona la ley de contratación del sector público para poder aplicar revisiones de precio, que las hay. La cuestión, coinciden de nuevo, requiere de voluntad política.
