De vez en cuando el ruido habitual de la ciudad desaparece y los ciudadanos nos quedamos desconcertados. Sucede cuando algunas manifestaciones cortan arterias principales de la ciudad. Y así ha sido durante los días en que centenares de taxis han inhabilitado la Gran Vía para el tráfico de automóviles, camiones y autobuses. Las motos se colaban como podían. Y han salido bicicletas de no se sabe bien donde, con unos usuarios que han disfrutado circulando por donde les ha parecido. Si los taxistas cortaban las calles, no era cuestión de ir sancionando a los ciclistas que se saltaban todas las normas de tránsito vigentes.

Han sido días de silencio en la calle y de nervios en muchos despachos y centros de trabajo. Los turistas que iban o llegaban al aeropuerto del Prat (Josep Tarradellas en el futuro inmediato) han descubierto que existen alternativas al taxi para desplazarse cuando viajan al extranjero. Algunos ya sabían de qué iba el asunto porque la guerra entre taxis y vehículos de turismo con conductor (VTC) ya se ha vivido en otras ciudades del mundo rico. Y los resultados de cada batalla han sido distintos en cada una de ellas. En Dinamarca han prohibido los VTC y en Finlandia pueden hacer lo que les dé la gana.

Un criterio bastante extendido en las sentencias judiciales que se han producido en ese conflicto en diferentes países es que las empresas que hacen la competencia a los taxistas tradicionales tienen que contratar a sus trabajadores. Que una cosa es el libre mercado y otra abusar de la gente que necesita trabajar.

Anda en juego mucho dinero y divierte ver como las administraciones públicas se intentan sacar el muerto de encima. El gobierno catalán criticó al español por no resolver el contencioso y alardeó de saber cómo ponerle solución pero de estar atado de pies y manos porque la competencia sobre el mismo era de la administración del Estado. Cuando el ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó traspasar la competencia a las comunidades autónomas, el conceller al que le cayó el asunto sobre la mesa intentó meterse debajo de ella. “El gobierno español se pone de perfil”, se lamentó entonces. Y optó por contentar a los taxistas a costa de enajenarse las críticas de los trabajadores de los VTC. La alcaldesa también prefiere que se trague el marrón el gobierno catalán pese a que fue, desde el Area Metropolitana, la primera en sacar el hacha contra estos últimos.

La guerra no ha terminado. Tendrá más capítulos. Ha dado para actos violentos, ataques de nervios en los atascos provocados por los manifestantes (en la ronda del Litoral, por ejemplo) y por la profusión de memes y bromas en la red. Son los tiempos que corren.

“Taxi se escribe con Uber”, rezaba uno de los mensajes graciosos que han circulado por lnternet estos días citando a una de las empresas más potentes del sector de los VTC. Un tanto absurdo pero acorde con el sistema económico que tenemos en el que los trabajadores llegan a las manos entre ellos para defender sus salarios mientras los propietarios de las empresas que gestionan el cotarro hacen acopio de beneficios o se llevan sus ganancias a lejanos o no tan lejanos paraísos fiscales.