A base de palos, los restauradores hemos aprendido a desconfiar de los fuegos artificiales y de los trucos de prestidigitador que nos tiene acostumbrados el gobierno municipal. Con demasiada frecuencia los grandes anuncios terminan embarrándose en la necesaria concreción posterior; la letra pequeña suele esconder más de una sorpresa y más de dos.

Esta semana ha vuelto a ocurrir. El pasado lunes anunció el gobierno municipal, con toda la pompa que el confinamiento le permite, un alivio fiscal en la tasa de terrazas, entre otras medidas. Sin embargo, la realidad desmiente el discurso propagandístico de nuestros gobernantes: únicamente se dejará de cobrar por los días que dure el estado de alarma en los que bares y restaurantes tienen prohibido abrir al público. No es que el gobierno se haya apiadado de los pobres restauradores: legalmente no corresponde exigirles la tasa. Vista así, es una medida sin contenido: se limita a dar cumplimiento a una ley anterior, sin que pueda al consistorio negarse a ello. Los restauradores echan humo y no es para menos. ¿De verdad es esta la gran solución que el Ayuntamiento pone sobre la mesa en un momento en que la economía de la ciudad está paralizada? Los de mi generación descubrimos hace mucho el viejo truco de los trileros. Aparentemente la ciudad los había erradicado.

En relación a las peticiones planteadas por el Gremio de Restauración (la principal: una carencia de 6 meses en tributos como la misma tasa de terrazas, el canon de los chiringuitos, el IBI y el IAE), recurre el gobierno al mantra de la falta de competencias. No es cierto: si quisiera, el Ayuntamiento podría aprobarlas mañana, máxime cuando varios grupos de la oposición han manifestado en público la necesidad de un movimiento como este. Otros ayuntamientos se han mostrado más decididos en este sentido. El de Madrid ya ha aprobado una rebaja fiscal a la que podrán acogerse más de 100.000 comercios y locales de restauración. La Generalitat de Catalunya repartirá 7,5 millones de euros entre autónomos cuya actividad haya quedado interrumpida por el coronavirus. Incluso el Gobierno de España ha entendido que conviene aligerar la pesada mochila fiscal de las pymes y las exonerará del pago de cuotas a la Seguridad Social si se ven forzadas a tramitar un ERTE. El Estado, por lo tanto, ingresará menos de lo que tenía previsto y ya ha comenzado a reformular por entero las cuentas de 2020. Y aún le faltan muchas medidas más drásticas por tomar.

¿A qué espera el Ayuntamiento de Barcelona? A la vista de lo que está ocurriendo en la vecina Italia, no estamos ante un bache del que nos vayamos a recuperar con rapidez: las previsiones para 2020 son papel mojado, la economía quedará inevitablemente tocada y la industria turística experimentará cambios profundos e irreversibles. La ciudad se hunde y la gran solución aportada por el gobierno municipal es sugerirle al restaurador que, para pagar menos tasa de terrazas, debe renunciar a parte de las mesas y sillas. Parece que se haya propuesto cabrear todavía más al personal.

Confío en las autoridades sanitarias: no albergo la menor duda de que superaremos esta pandemia. Me preocupa, en cambio, la salud de nuestras empresas tras una crisis que se antoja monumental. Por el bien de todos, el gobierno municipal haría bien en atender de manera inmediata el ruego de sectores como el de la restauración. Debe empezar a tomar decisiones contundentes. Toca revisar las inversiones previstas en el presupuesto y priorizar la supervivencia de las empresas.