Vaya por delante que el futuro de la movilidad está en el aire y no en el suelo. En los próximos años asistiremos a una renovación completa en el sector del transporte. Así, taxis (como los conocidos hasta ahora) o la paquetería será realizada por otros medios, como por ejemplo drones. Ahora bien, estas últimas semanas, en medio del este desastre sanitario, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido impulsar una serie de medidas que afectan a la movilidad. Dicho esto, que tampoco es nada nuevo, este gobierno municipal viene literalmente a imponer unas nuevas reglas del juego con claro y manifiesto interés partidista. Ya he dicho en multitud de ocasiones que Colau gobierna para sus votantes y no para el conjunto de los barceloneses: sabe bien que con ese 15% del censo electoral que la votó le basta para manejar el presupuesto de la ciudad condal. Colau pasará a la historia por ser la primera mujer alcaldesa, pero también por ser la peor, y digo esto por tener los peores registros que se recuerdan en democracia, salvo en una cosa: la bicicleta y sus carriles, ese puesto se lo ha ganado con creces. De hecho sus votantes están encantados. Al Cesar lo que es del Cesar.

Barcelona era una ciudad preciosa para vivir; segura, dinámica, cuna para los emprendedores, perfecta para las personas con algún tipo de capacidad modificada y adaptada para encajar dentro de las economías domésticas y sobre todo a la vanguardia de la cultura y el desarrollo empresarial. Esto hoy ha desaparecido por completo. Hemos retrocedido en todos los rankings y estamos sin rumbo ni proyecto más allá de la propia inercia de una herencia llamada Pasqual Maragall. Los datos indican que estamos frente a los mayores desequilibrios sociales, colas de hambruna inimaginables en la actualidad, que han desnudado a la verdadera Barcelona, incapaz de proteger a sus vecinos y darles una asistencia digna.

Puedo asegurar sin riesgo a equivocarme que nos adentramos en un desastre económico de proporciones jamás vistas en los últimos 60 años, pero esto debe importarle poco a la alcaldesa, al obviar lo obvio: cuanto más restringes la movilidad, más provocas el efecto paralelo de la caída del consumo. Solo hay que ver la superilla del Poblenou o la supervía de Sant Antoni para darnos cuenta de la desaparición del comercio en esos espacios. El daño es total.

Lo que verdaderamente me duele de este gobierno es su manía por la imposición. Podemos impulsar políticas de nueva movilidad, pero que no sean excluyentes con aquellas otras que precisamente son el bastión de nuestra idiosincrasia y que nos ha hecho ser lo que hemos sido durante muchos años: la mejor ciudad del mundo. Nadie puede olvidar que desde el consistorio se ha enviado un mensaje totalmente destructivo al sector automovilístico y ahora recogemos sus frutos: Nissan parece que se va de Barcelona dejando a más de 20.000 familias en el paro. Si a todo ello le añadimos esta nueva persecución a la industria del motociclismo estamos delante de la tormenta perfecta. ¡Cuantos miles de empleos van a desaparecer, talleres, concesionarios, limpiadores, casas de repuestos, etc! Los barceloneses no obviamos que para que exista una adecuada política social debe previamente existir una buena política económica, y en este campo el gobierno municipal sólo ha sabido linchar y expoliar los bolsillos de los barceloneses a golpe de nuevos impuestos y tasas, porque de creación de empleo bien poco les escucho. No hay mejor terapia que un buen trabajo.

Centrándonos en el objeto de esta misiva, ya avanzo que deberemos adaptarnos a una movilidad verde, limpia y segura, pero éste el peor de los momentos para hacerlo por cuanto en medio de una crisis sanitaria de la envergadura vivida, lo evidente y más seguro es el vehículo privado: el coche y la motocicleta. De lo que se trata no es de excluirlos sino de encontrar fórmulas y políticas que permitan a los ciudadanos el uso de estos vehículos pero en su formato no contaminante. El consistorio debería impulsar y apoyar todas aquellas iniciativas que potenciarán el uso de vehículos eléctricos en detrimento de los que usan combustible, pero pretender imponer u obligar a todo ciudadano el uso de la bicicleta o el transporte público es una nueva dictadura vestida de rojo.