Un grupo de fanáticos corta la avenida de la Meridina desde Febrero de 2019. Es la misma fecha, más o menos, en la que apareció el virus en China. ¿Tendrán el mismo origen? No, claro. Ya quisieran ellos extenderse como una plaga. De hecho, no pasan de una infección. Ninguna de las múltiples administraciones que supuestamente protegen a los ciudadanos ha encontrado antibiótico para esta barbaridad. El Ayuntamiento dice que es cosa del departamento de Interior y éste sostiene que no hay solución posible o que no es capaz de encontrarla. Sorprende tal incapacidad en un gobierno (el catalán) que dice que es capaz de pactar un referéndum que las leyes no contemplan y defiende que es viable decretar una amnistía que las normas legales excluyen. No pueden con lo fácil, pero se atreven con lo imposible. En fin, los unos por los otros, la casa por barrer. Los desperdicios que generan los cortes de la avenida suponen a la ciudad un coste de 340.000 euros, ya que el consistorio se ve obligado a enviar al lugar tres de las cuatro patrullas que tiene en Sant Andreu, dejando el distrito sin apenas atención para asuntos importantes. A los manifestantes no les incomoda, al contrario: les gusta la compañía de los guardias porque así parece que haya más gente.

Varios grupos municipales han aprobado una propuesta del PSC en la que se califica la situación de “insostenible” y han solicitado (nada de exigir en serio) a Interior que sea capaz de encontrar una solución que garantice a la vez el derecho de manifestación y el del resto de ciudadanos a moverse libremente. Ni siquiera pedían un examen psiquiátrico para los que se plantan cada noche durante una hora en la Meridiana para jorobar a los que no piensan como ellos. Se conformaban con encontrar una “salida razonable”. Aunque, si bien se mira, resulta una provocación hablar de racionalidad a un gobierno que dice que no sustituye al presidente sustituto porque no se puede sustituir al sustituto del presidente sustituido (el trabalenguas es suyo) y que no distingue entre aplazar unas elecciones y suprimirlas (que es lo que ha hecho el decreto tumbado por los jueces).

Que se puede hacer algo resulta evidente. La pasada semana los Mossos d'Esquadra multaron a una veintena de personas (en la Meridina no hay muchas más) que se manifestaban ante el Hospital del Mar negando la existencia de la pandemia. No es probable que los multaran por tontos, porque eso no es delito. Seguramente les pidieron que circularan y, como no lo hicieron, los denunciaron por resistencia a la autoridad.

Víctor Lapuente, en su libro El retorno de los chamanes dice que hay dos tipos de ciudadanos. Uno es el explorador, que intenta buscar soluciones a los problemas de convivencia. El otro es el chamán, convencido de que tiene la verdad de su parte y dispuesto a imponerla a cualquier precio. Hoy domina el chamán, conocido también con otras denominaciones: fanático, talibán, extremista, sectario. Hay chamanes que se visten con la estelada y otros que se cubren con la rojiguald. Los hay antivacunas y otros que dicen que el cáncer se cura con agua de Lourdes. Tienen en común que saben perfectamente lo que pasa, lo que no pasa y lo que tiene que pasar. Oponerse a sus pretensiones es un atentado a la libertad, qué libertad no importa, porque la única interpretación posible es la que ellos dan a los hechos. Ellos son la fuente de la verdad.

Entre los chamanes hay casos increíbles, como el de Pilar Rahola, que cuando habla utiliza la primera persona del plural, hasta no hace mucho reservada al Papa y a la reina de Inglaterra. Ella, seguramente, quisiera ser las dos cosas. O Laura Borràs (de vez en cuando pasa un ratito en la Meridiana, tras llamar a TV3 para que la filmen), que gana unas primarias pero que, en nombre de los derechos de la mujer, acepta ir segunda en la lista por Barcelona, detrás de un hombre que ni siquiera vive ni ha vivido nunca en la ciudad ni tiene intención de hacerlo, salvo como ejército carlista de ocupación.

Y es que en el fondo, detrás de todo este sinsentido, hay un denominador común: perjudicar a los barceloneses y a Barcelona. Para eso vale todo y contra eso no hay ley que valga para proteger a la ciudad. Ni de los cortes de la Meridiana ni de las hogueras o acampadas cuando los aguerridos carlistas atacan. Y si hace falta, Interior enviará a los Mossos, pero no para desalojarlos sino para reforzarlos. Eso sí, en nombre de las sonrisas y del diálogo.