Tras el suicidio de un ciudadano que iba a ser desahuciado, Ada Colau y Lucía Martín, su mujer de hacerle las faenas sucias, se apresuraron a culpar a los jueces, a la Generalitat y al sistema en general como responsables de una desgracia que, en realidad, se debe en gran parte a ellas y a su inutilidad como gestoras. Es su típico protocolo y manual de comunicación: mentir, acusar a otros de todos los males, ocultar sus fallos, encubrir sus promesas incumplidas, no hacer nunca autocrítica e instrumentalizar sectariamente los servicios públicos. Pero, por fin, los jueces las comienzan a desenmascarar públicamente y han desvelado la “incapacidad manifiesta” de los servicios sociales del Ayuntamiento. Porque un muerto, una mujer herida a causa de un intento de suicidio en idénticas circunstancias y una huelga de los servicios sociales en menos de un mes van colmando la paciencia de la judicatura.

Lo que ha costado la vida de otro barcelonés no es un error ni un fallo del sistema judicial, como presuntamente injurian y calumnian Ada y Lucía. Ambas saben que los jueces tienen razón. Porque son ellas las que utilizan estos servicios para manipular, complicar, entorpecer y politizar las actuaciones judiciales. Se ocupan de ello algunos de sus subordinados que aconsejan tretas como meter perros en las casas ocupadas para que intervengan los servicios de zoonosis y se aplace el desahucio. O los que hacen lo mismo usando a menores, entre otras argucias de dudosa ética.  

Mediante estas trapisondas, han logrado que Barcelona sea el edén de los edificios okupados ilegalmente, de las mafias dedicadas a este negocio y de grupos violentos infiltrados en falsos centros culturales. Son enredos usados por la plataforma anti-desahucios que lideró Colau y a la que ahora engorda con dinero público. Y son sus mangoneados servicios sociales los que avisan de antemano a esas plataformas y a otras asociaciones subvencionadas para que saboteen los desahucios. Su coartada más burda y demagógica es la falta de vivienda pública, cuando Colau prometió construir más de ocho mil pisos sociales, no ha construido ni una cuarta parte y más de quinientas familias esperan un piso de emergencia.

Afortunadamente, la mayoría de funcionarios, interinos y trabajadores sociales no son cómplices ni topos del clan de las comunas. Son los que convocaron la huelga por el colapso que viven y por las agresiones que padecen en los desahucios. Los que se niegan a participar en ellos. Los afectados por la falta de planificación de las necesidades reales y los de cuatro sindicatos que coinciden en denunciar el “menosprecio del gobierno local” a sus reivindicaciones. Acorralada por jueces, sindicatos y sus propios trabajadores, Colau ha procedido a retirar de los desahucios al personal municipal, cosa que deja sin asistencia a las personas afectadas. Tarde y mal como siempre. Y con otro cadáver en su gestión. En un país serio, las artimañas de Ada y Lucía con los desahucios las llevarían al banquillo por presunta obstrucción reiterada a la justicia. Aquí no. Por ahora