Martina Puigvert, hija de Fina Puigdevall, la propietaria y creadora de Les Cols, ha explicado en un vídeo cómo sus padres y sus hermanas aprovecharon el periodo de reclusión que impuso la pandemia para repensar el famoso restaurante en el que ahora se han implicado los cinco miembros de la familia. La nueva jefa de cocina cuenta que todos ellos han estado trabajando en cómo mejorar el ya consagrado vínculo de sus fogones con los productos de la tierra, de La Garrotxa.

Está claro que no todo el mundo de la restauración y del turismo tiene las mismas oportunidades y estímulos que un restaurante premiado con dos estrellas Michelin, pero su caso llama la atención sobre las asignaturas pendientes de la primera industria del país y la falta de gente capaz que esté pensando en cómo adaptarse a la nueva realidad, eso que antes llamábamos nueva normalidad, pero que puede que sea cualquier cosa menos normal.

Estos días se ha vuelto a hablar de la resistencia del Ayuntamiento de Barcelona a ponerse a rebufo de la Generalitat en la regulación del alquiler de habitaciones turísticas; o sea, para estancias inferiores a 31 días. El rechazo tiene sentido: ¿qué turismo se quiere potenciar? ¿El siguiente paso será alquilar dos metros cuadrados de parque para instalar una tienda de campaña? Pese a que el Govern aún no ha explicado qué pretende con esas disposiciones, estaría bien que el consistorio diera un paso adelante y presentara un proyecto, una idea más o menos concreta sobre el modelo turístico de la ciudad.

Una de las medidas estrella del primer mandato de Ada Colau fue la moratoria hotelera. Este agosto, el número de hoteles en venta en la ciudad ha aumentado un 85% respecto al mismo mes del año pasado. La pandemia y la competencia de quienes alquilan viviendas han hundido el sector, que además en Barcelona tiene un futuro algo oscuro por la cerrazón de la Administración local.

El consistorio tiene en su mano regular ciertas actividades, pero ese poder no debe regirse únicamente por la ideología de su equipo de gobierno. También ha de tener presente la realidad del país y los intereses de los ciudadanos, incluso de los que no son votantes de Barcelona el Comú: el 79,29% de los que acudieron a las urnas en las últimas elecciones y el 86,40% del censo.

Es conocida la deriva antiempresa de Barcelona en Comú, un gen anarcoide que se manifiesta en tantas de sus actuaciones. Pero más sorprendente resulta la de la Generalitat, que legaliza el alquiler de habitaciones turísticas en competencia irresponsable con la industria hotelera, un negocio que tan bien conoce la familia de su actual presidente, Pere Aragonès.

¿Qué sentido tiene abrir la puerta a una actividad propia de los años de la posguerra, el turista realquilado –según el decreto de la Consejería de Economía de 2020, no es preciso ser propietario de la vivienda para arrendar sus habitaciones por días--, cuando tenemos una industria que es puntera en el mundo? ¿Qué persigue el Govern?

La impresión que da la Generalitat es de desconcierto absoluto, de desconocimiento de lo que se trae entre manos, antesala de los peores temores en todos los sentidos posibles. El mismo decreto que legaliza la cama caliente turística entra en la regulación del alquiler de los pisos turísticos enteros. Un decreto de 2009 limitaba la ocupación según los metros cuadrados de la vivienda; tres años después, un nuevo decreto establecía que el tope giraba en torno a la dimensión de sus habitaciones; y hace justo 12 meses el Govern cambió de opinión para dejar que sea la cédula de habitabilidad la que marque cuántas personas caben en una casa. Es una trampa: hasta agosto de 2020, la ley distinguía la ocupación máxima de una vivienda en función de si era negocio o residencia familiar. Y lo hacía, entre otras cosas, por razones obvias de seguridad y de molestias al vecindario.

¿Es pura incompetencia o hay un objetivo detrás de tanto mareo? ¿Qué pensarán gentes como los Puigvert-Puigdevall de Olot cuando vean la desorientación –por ser clemente-- de quienes deberían estar al frente?