Uno de los objetivos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, quizá el primero, es expulsar a los automóviles de las calles de la ciudad. Desde que Ada Colau llegó al consistorio en 2015, los barceloneses han sido testigos de todo tipo de intentonas para hacer la vida imposible a los coches y a sus conductores.

La razón última de esta política de “pacificación” es la protección del medio ambiente y hacer más cómodo el día a día de los peatones, lo que pasa por echar de las calles los vehículos a motor, motocicletas incluidas, y favorecer el uso de las bicicletas, patinetes y todo tipo de artefactos de la llamada movilidad personalizada.

El estado de alarma provocado por la pandemia y la generalización del teletrabajo dieron una oportunidad de oro al consistorio para pisar el acelerador en su carrera de experimentos y el urbanismo táctico que tantas protestas han levantado en la ciudad. El cierre alternativo a la circulación de calles como Gran de Gràcia o paseo de Sant Joan se saldaron con sonoros fracasos: atascos tremendos en las vías adyacentes e infrautilización de la parte central de las calles para el paseo.

De todas las intentonas, la invasión del asfalto por las terrazas de los bares para compensar la reducción de la capacidad de sus interiores, incluso el cierre, es la que ha tenido más aceptación popular y no digamos entre los propietarios de los negocios.

De tal manera que el ayuntamiento se dispone a modificar la ordenanza de terrazas de 2018 para convertir en definitivo lo que era provisional: la entrega del espacio público a manos privadas. La alcaldesa ha encontrado por fin un aliado para presionar y desterrar a los automóviles. El Gremio de la Restauración, tradicionalmente enfrentado a cualquier consistorio que se precie, no cabe en sí de gozo.

Después de que el TSJC rechazara las alegaciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb) contra la aplicación de la ordenanza de 2018, el gremio ve ahora cómo el consistorio quiere consolidar la mayor parte de los 1.588 permisos interinos de ocupación de la calzada para veladores. Los partidos de la oposición del pleno municipal andan un poco despistados. El PP, Ciudadanos, Ciutadans pel Canvi han apoyado el giro estratégico del consistorio, mientras que ERC y JxCat se han perdido y de momento optan por la abstención. “Las terrazas han venido para quedarse”, ha proclamado la teniente de alcalde Janet Sanz.

Como se ha visto, la pandemia tiene efectos secundarios también en los hábitos de la gente. El afán por hacer deporte, por caminar, por salir de la ciudad –aunque sea para engordar esas colas kilométricas del final de los peajes--, por la fiesta nocturna, se aprecia en los espacios exteriores de bares y restaurantes, que a veces se llenan de forma incomprensible con gente que come pegada a un tubo de escape. Quizá sea algo así como el deseo de emular a los abuelos que se sentaban en la calle, a la puerta de sus casas, a tomar la fresca.

Un fenómeno curioso que ha venido para unir al gremio y al consistorio de los comunes en un matrimonio de conveniencia que persigue objetivos muy distintos pero que ahora coinciden.

La Favb recomienda a los barceloneses que denuncien las terrazas que no respetan las normas. Por ejemplo, sobrepasar la anchura de la fachada del bar o dificultar el paso de los peatones por la acera. Va a ser muy difícil porque el ayuntamiento no pone demasiado interés en acabar con los abusos, contrariamente a lo que ocurría años atrás cuando aún no había descubierto la utilidad de los veladores en su cruzada automovilística.

El gremio tiene en mente una campaña --A casa i a les terrasses, pensa en els altres-- para que los clientes no molesten a los vecinos. Otra apelación al buenismo en lugar de cumplir con su obligación y asesorar a sus afiliados cuando no cumplen con las restricciones del aforo o sobre el despliegue de sus mesas en las aceras. No lo ha hecho en la pandemia y tampoco lo hará después si disfruta de la complicidad municipal.