Durante los últimos días se ha hablado mucho del consenso de las terrazas de 2018 que cristalizó en una revisión casi integral de la Ordenanza. Se ha llegado a afirmar que dicho consenso se ha roto. Pues bien, habiendo sido determinante el Gremi de Restauració en la consecución de un acuerdo no exento de cesiones, no está de más recordar cómo se produjeron los hechos y qué posiciones defendimos los diferentes implicados. A la vista de determinadas declaraciones recientes, está claro que a más de uno la memoria le empieza a fallar. 

En julio de 2015, uno de los primeros plenos de Ada Colau como alcaldesa calificó de “indeseado” el recorte de mesas y sillas en más de 2.000 terrazas. Las supresiones eran producto de una normativa rígida que había sido aprobada apenas dos años antes y cuya conexión con la realidad era escasa. La flexibilización tardaría tres años en llegar, un tiempo en el que esa cifra de 2.000 afectados no paró de crecer.

En 2018, el pleno dio luz verde a la nueva Ordenanza y entonó el mea culpa: el Ayuntamiento se obligaba, por escrito, a revisar las licencias que habían perdido mesas y a notificarles a sus titulares la posibilidad de recuperarlas. Se trataba de revertir los efectos “indeseados” que habían sufrido los restauradores y que nadie, ni la ciudadanía ni ningún partido político, deseaba. Sin embargo, el compromiso no pasó del papel a la realidad: la recuperación de mesas y sillas no se produjo, y no por falta de peticiones. 

Hemos tenido que sufrir una pandemia mundial para que las terrazas recuperen lo perdido años atrás. Por eso, es de justicia que el Ayuntamiento cumpla ahora lo prometido en 2018 y normalice las ampliaciones. El texto que se votará en el pleno del próximo jueves ha generado enormes expectativas entre los restauradores. Es lógico en una ciudad como Barcelona, profundamente mediterránea, máxime después de una crisis sanitaria como la que estamos atravesando. Sin terraza, los negocios son inviables. 

En respuesta a la pregunta que encabeza estas líneas, el consenso de las terrazas no se ha roto, no. Más bien todo lo contrario: estamos llevándolo a la práctica y cumpliendo los pactos que habían quedado pendientes. Contamos, además, con el aval de la ciudadanía: una encuesta reciente realizada por el Gremi apunta que el 72% de los clientes de las terrazas ve con buenos ojos las medidas con las que el Ayuntamiento ha apoyado a los restauradores durante la pandemia, mientras que el 81% está a favor de que las ampliaciones se conviertan en definitivas con el correspondiente ajuste estético.

Algunos sopesan marcar distancias con una medida tan unánimemente celebrada, probablemente no porque difieran sobre el fondo sino por puro tacticismo electoral. Los restauradores, que se han sentido vapuleados durante casi dos años de restricciones, no lo entenderán. Tienen todo el derecho del mundo a esperar un gesto de complicidad por parte de la administración. Y la administración, en su función de servicio, no tiene derecho a defraudarles.