La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras organizaciones de su entorno, como el Observatorio DESC, levantaron el Sindicato de Inquilinos en 2017 con la idea de ampliar el radio de acción del conglomerado más allá de la adquisición de viviendas y los peligros de impagar los préstamos bancarios. Su actividad, desde entonces, ha sido notoria, destacando claramente el impulso de la polémica ley de alquileres que se aprobó en Cataluña, recurrida ante el Tribunal Constitucional, origen a su vez de la norma que ha firmado el Gobierno central.

El arranque de la pandemia le sirvió para ensayar una movilización que estaba llamada a ser el pistoletazo de salida de algo más profundo, pero que se quedó en una intentona. Los ciudadanos no estaban preparados para dejar de pagar los alquileres aprovechando las consecuencias del confinamiento sobre la actividad empresarial y, lógicamente, sobre los salarios. Diversas razones, especialmente la generalización de los ERTE, explican su fracaso.

Pero quienes impulsaron aquel movimiento no cejan en su empeño y para ello usan --se aprovechan-- la enorme estructura y los cuantiosos recursos del Ayuntamiento de Barcelona. La Concejalía de Memoria Democrática ha organizado el programa Memoria de las luchas por la vivienda con la participación de los 10 distritos de la ciudad, pero que curiosamente –no parece que sea el más afectado-- se desarrolla en el Eixample: por fin han podido darle uso al Ateneu El Poblet, el garito donde el consistorio enterró cinco millones de euros, uno de ellos aportado por la constructora Cel Urbà, que permanece infrautilizado desde su inauguración hace ya más de tres años.

Aunque el programa de los activistas hace un repaso de los “realquileres, porterías, criadas, pasillos”, que así de variopinto y sesgado es el temario de sus mesas redondas, la estrella de la movida es la rememoración de la huelga de alquileres que se produjo en Barcelona en 1931. Acabadas las obras de la Exposición Universal y de la urbanización de Montjuïc, el sector de la construcción cayó en picado y decenas de miles de trabajadores del sector, la mayor parte de ellos llegados de otras zonas de España, perdieron sus empleos.

La situación provocó un movimiento espontáneo --pilotado por la CNT-- que consistió en no pagar las rentas de las viviendas, lo que originó graves disturbios, la intervención de la policía y la muerte de una veintena de personas, además de numerosos encarcelamientos. Esa reacción ciudadana había tenido un precedente 16 años antes en la ciudad escocesa de Glasgow, donde las mujeres dejaron de pagar los alquileres tras el alistamiento forzoso de sus maridos en la primera guerra mundial.

Con estos antecedentes y la utilización de los recursos del ayuntamiento, Barcelona en Comú trata de concienciar a los ciudadanos de la tradición luchadora de la ciudad en los temas de vivienda, a la vez que destaca el papel de la mujer en esas movilizaciones estableciendo un paralelismo falso y manipulador entre la situación actual y la de aquellos años negros de la historia del país. Tremendo. Y, además, lo hace con el dinero de todos.