La consigna está clara. Es un argumentario que repite una serie de mensajes. Todos los partidos lo hacen. Elaboran comunicados internos de obligada lectura para todos sus cargos. Pero algunos han interiorizado esos latiguillos como si fueran una verdad incuestionable. Y, aunque sabemos con Popper que lo que existen son enunciados falsables, que siempre están sujetos al contraste, el hecho es que la alcaldesa Ada Colau ha preferido no escuchar a nadie, o a muy pocas personas. Tal vez a Eloi Badia, que señala que la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona no se debe retocar y, menos, eliminar, porque es lo que pide Europa.

Ese es el error. El que comete una y otra vez el equipo de gobierno de los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona. No se duda de una serie de medidas que todas las ciudades del mundo han tomado en los últimos años. La reducción de la contaminación es algo obligado si aspiramos a una mínima calidad del aire. Europa lo pide y todos los ciudadanos, salvo algunos irreductibles. El coche debe tener menos presencia y todo el transporte público debe reorganizarse.

Son tiempos de mudanza, de cambios estructurales. Nadie lo discute. Lo que está en juego es el cómo, la forma en la que se llega a tomar decisiones y con quién se toman. La democracia liberal está sometida a una enorme presión, y presenta una carencia, a primera vista: puede resultar menos eficaz que los regímenes autoritarios que no tienen muchas manías para implementar aquello que consideren necesario. Pero hay que precisar: las democracias liberales son mucho más eficaces –dejemos esa primera impresión—porque obligan a consensos, y cuando éstos se alcanzan cualquier decisión tiene una mayor legitimidad y puede aplicarse con más trascendencia.

Eso es lo que no acaba de entender el equipo de Ada Colau. El hecho de que el TSJC haya anulado la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento debería suponer un auténtico quebradero de cabeza para los comunes, y también para el PSC, que se queja de Ada Colau, pero no pudo o no puso vigilar de cerca esa ordenanza, que hizo suya.

Las formas no lo son todo en una democracia. La sección 5 de la Sala Contenciosa del TSJC considera que faltan “informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y demasiada restricción del tipo de vehículos afectados”. No puede ser. Sencillamente, un consistorio no se puede permitir esas lagunas. No se trata de cargarse la ZBE, sino de realizar las cuestiones propias de un ayuntamiento con la suficiente pericia.

Un equipo de gobierno puede llevar en su programa una gran transformación de la ciudad. Con esa bandera en la mano, buscará el apoyo de los ciudadanos. Y tendrá la legitimidad para llevarla a cabo. Pero debe explicar qué pretende, cómo hacerlo, con qué plazos, y, principalmente, tener en cuenta todas las consecuencias, a quién afectará y qué actores pueden colaborar para ganar amplios consensos. ¿Lo ha hecho Ada Colau? No, todo lo contrario.

Los socialistas, liderados por Jaume Collboni en el consistorio, comparten buena parte de los planes de transformación de Barcelona con los comunes. Y exhiben también diferencias importantes en la gestión, como la apuesta por la colaboración con el ámbito privado, que es la seña de identidad de la ciudad, marcada de forma profunda por todos los alcaldes socialistas que ha tenido. Sin embargo, la gran diferencia, y también con el resto de grupos políticos municipales es el cómo.

Se ha demostrado ahora con la ZBE y también se ha puesto de manifiesto, entre otras medidas, con el plan de usos del Eixample. Los comunes se han caracterizado durante sus años de mandato por una gran impericia, por tomar decisiones unilaterales y buscar esa transformación de la ciudad a partir de un argumento moral: ‘tenemos razón, somos más modernos y sostenibles que nadie’.

Quien discrepe de ese cómo, es alguien periclitado, que vive fuera del tiempo, a ojos del equipo de Colau. Sin embargo, el cómo se impone siempre. Y el TSJC lo ha apreciado con claridad.