A favor de la impunidad

Uno de los debates del presente es si sigue vigente la división de poderes. Se supone que hay tres: el Legislativo, que hace leyes; el Ejecutivo, que las aplica y hace cumplir, y el judicial, que se dedica a interpretarlas en beneficio del poder de verdad, el que no se divide: el económico. En realidad, el Ejecutivo legisla (por decreto) cuando le viene en gana y el Parlamento, en vez de dedicarse a parlamentar para alcanzar acuerdos se ha convertido en un teatrillo. Hasta el punto que las sesiones se llaman “debates”, indicando ya que allí se va a mostrar las diferencias e intercambiar improperios, y no a buscar posibles zonas de encuentro. El resultado es que a las normas que acaban siendo aprobadas se les presta escasa atención. A su cumplimiento, menos.

Una de ellas, que parece que va a periclitar en breve, es la que obliga a llevar la mascarilla en el transporte público. En el caso de Barcelona, se cumple, más o menos, en los autobuses y se incumple en todos los demás: metros y trenes, sean de Renfe o de Ferrocarrils. Incluso en los aviones.

Un tren parado en una estación de Metro de Barcelona / TMB

Es posible que haya quien piense que la norma se hizo para fastidiar al personal. En realidad busca prevenir la extensión del virus del Covid (y ayuda a evitar la transmisión de otros, la gripe, por ejemplo). Que haya gente con estas creencias es inevitable. Hay quien cree que la tierra es plana e incluso hay quien dice que Carles Puigdemont (cuya mujer, tan represaliada, la pobre, cobra un pastón de la Diputación de Barcelona) es un exiliado. Las creencias tienen eso: que no necesitan estar basadas en hechos demostrables. Uno cree en los ángeles y no necesita saber cuántos caben en la punta de un alfiler. Pero las creencias no justifican el incumplimiento de las normas que afectan a los demás. Siempre habrá quien se las pase por el forro, como hay quien se salta semáforos en rojo o no paga en el metro o decide que por vestir pantalones tiene derecho de pernada sobre el universo femenino. Precisamente porque siempre hay desaprensivos, la función del Ejecutivo es hacer cumplir las normas. Y si se llega a la conclusión de que son injustas o estúpidas o las dos cosas a la vez, cambiarlas o abolirlas. 

Lo del metro de Barcelona es de guasa. Hay más gente sin mascarilla que con ella y, ahora que los autobuses funcionan peor que antes por la huelga, los vagones van a rebosar. En compensación, han desaparecido los pocos vigilantes que había. Quizás no suban a los vagones para dejar espacio a los usuarios. Antes del paro autobusero había algunos, cuyo comportamiento era como el del Ejecutivo: más bien pasivo. En alguna ocasión, si la persona que no llevaba mascarilla no tenía un aspecto recio, se podían atrever a decirle que debía ponérsela, pero sin llegar a esperar a que lo hiciera. Se comprende, en algunos casos, por recordar que hay que pagar por el servicio se han llevado una paliza. Y el miedo es libre. Se ve que no se han enterado de que en Barcelona ha bajado la delincuencia. Al menos eso dicen los responsables policiales. Habrá que creerlo. Como en la existencia de los ángeles.

Un autobús de TMB, a reventar por la huelga / METRÓPOLI - Luis Miguel Añón

El resultado es que las normas no se cumplen, o sólo las cumplen unos pocos, ante la pasividad de los responsables de garantizar el derecho a utilizar el metro sin que alguien te eche el virus en el cogote. Claro que los directivos de TMB tienden a no utilizar el transporte público. Y es que es una lata: huelgas, retrasos, averías y gente poco respetuosa. Es mejor emplear el coche privado. Después de todo, junto al edificio de la Zona Franca tienen aparcamientos reservados. No son los únicos: también los hay junto a las sedes de los distritos municipales, las comisarías de la Guardia Urbana y las universidades. Hasta los cónsules tienen espacios públicos reservados para el coche privado. Plazas de privilegio que el consistorio no toca. Porque son para gente de bien. Mejor que no viajen en metro, así no saben lo que allí pasa y siempre podrán decir que no se habían enterado. Si se consiente a los miembros de la Casa Real que sostengan que no se enteraban de ninguno de los tejemanejes del Emérito, su yerno o los nietos, hay que aceptarlo para todos los empleados públicos, al menos los que tienen carguillo y nómina en consonancia. ¡Impunes todos los que no necesitan ir en metro! Desde los Borbones hasta Cospedal y Laura Borràs. Si el virus tiene que expandirse y progresar, que sea entre la chusma.