El Ayuntamiento de Barcelona se ha dirigido al gobierno catalán para quejarse de la falta de inversión en vivienda pública en la ciudad. Las competencias son autonómicas, pero según datos municipales la Generalitat ha construido menos de medio centenar de pisos frente a los 2.000 del consistorio. No es nada nuevo. El Ejecutivo de Pere Aragonès sigue con la tendencia a achacar a “Madrid” todos los males que aquejan a los catalanes, sacándose las pulgas de encima, aunque lo cierto es que sus inversiones han discriminado a Barcelona y su entorno metropolitano durante décadas. El único periodo en el que esto no ocurrió fue el del gobierno tripartito. Mientras la vara de mando la ha llevado un nacionalista, la capital de Cataluña ha sido relegada en proyectos e inversiones.

Con agravantes. Cuando el alcalde de Barcelona era Xavier Trias no sólo no se hicieron peticiones a la Generalitat para que cumpliera sus obligaciones, sino que el Ayuntamiento actuó casi como banquero a bajo interés, no reclamando siquiera las subvenciones a las que tenía derecho. Conviene recordarlo por si el exalcalde decide volver a presentarse tras haber dicho que no lo veía claro por la actitud montaraz de su partido que cabalga hacia la nada dirigido por Laura Borràs. Es probable que Trias jugara entonces a favor de permanecer en el gobierno pensando que era la opción ganadora, pero una vez conocido el resultado asume las decisiones del partido como forma de seguir en el machito.

La reclamación de Ada Colau a la Generalitat en materia de vivienda debería ser recordada por el grupo parlamentario de los comunes a la hora de negociar el presupuesto de la Generalitat. También por el PSC, que va ofreciendo estabilidad a cambio de muy poco. La unión de los dos partidos de izquierda para exigir un mejor trato a Barcelona es una posibilidad clara, dada la debilidad de ERC en el Parlament. Porque, se mire por donde se mire, la decisión de los republicanos de gobernar en solitario no pasa de ser una bravuconada escasamente respetuosa con la vida parlamentaria. Sobre todo si uno se toma en serio a ese saco de rencor que es Oriol Junqueras, negando a los socialistas el derecho a utilizar sus votos en el hemiciclo. O a un Aragonès hablando de represión en una televisión pública y con preguntas que parecían pactadas.

Ahora, los comunes han descubierto que las leyes obligan a la ciudadanía y, por lo tanto, deben ser acatadas. Lo ha dicho alguien que llevaba vitola de rebelde sin causa: Jaume Asens. Claro que él se refería a la posición del PP en la cosa judicial. Pero la ley también rige y debe ser acatada cuando se trata de convocar referéndums ilegales o declarar repúblicas de chichi mochi. O invertir en vivienda pública en un territorio que vota a otras opciones.

La actitud de Pere Aragonès al pretender gobernar con 33 diputados es, además, escasamente respetuosa con el Parlament. Y eso que su partido sostiene que es la máxima autoridad ante la que se sienten obligados a dar cuentas. La espantada de Junts puede ser un disparate, pero pretender gobernar con sólo el 24% de los escaños es escasamente democrático. ERC puede acusar a Turull de tacticismo por rechazar unos presupuestos que hizo un consejero suyo, pero es el mismo tacticismo que se daría si se decidiera prorrogar los presupuestos por falta de apoyos. La única solución es negociar con los partidos que no forman parte del Gobierno y, dado que con la derecha tripartita (Vox, PP y Ciudadanos) no hay ni contactos, al Ejecutivo no le queda más remedio que tratar con socialistas y comunes. Y esa es la oportunidad para que Barcelona consiga inversiones: en vivienda pero también en infraestructuras. Hace un par de años que el Gobierno central espera que el de la Generalitat acepte firmar el contrato programa, de forma que Renfe pueda encargar casi 80 trenes para Rodalies. No hay manera. Eso sí, luego salen los consejeros del ramo a llorar y llorar por el servicio que recibe la ciudadanía. Una ciudadanía que no sabe que es el propio Gobierno de la Generalitat el que pone trabas a mejoras y a inversiones porque le es más rentable llorar y llorar que pensar en lo que pueda beneficiar a los usuarios catalanes.

Los nacionalistas han llorado tanto y las lágrimas les han dado tan buen resultado, que ahora ya lloran por vicio. Se diría que les encanta decir que se sienten maltratados. Eso sí, cuando tienen cuatro euros, los dedican a Ferrocarrils de la Generalitat y excluyen al metro. Ya es hora de que Barcelona se queje a voz en grito: de la vivienda, del metro, de las dilaciones al contrato programa. Los socialistas y los comunes tienen los votos. Para parodiar a Rufián, que ERC los sude.