Como ya hizo con la ofensiva feminista de Podemos, Pedro Sánchez ha querido ponerse a la cabeza en el debate que sus socios de Gobierno han lanzado tras la aprobación de la ley de la vivienda. Y lo ha hecho acumulando promesas sobre liberación y construcción de 118.000 pisos protegidos (Sareb, Ministerio de Defensa y fondos europeos), a los que se añaden los 100.000 que ya había prometido el Ministerio de Transportes.
Ada Colau no solo ha anunciado que aplicará de forma inmediata la nueva legislación para intervenir y evitar los abusos en los alquileres, sino que meterá en vereda a la Generalitat, y ha desafiado a Xavier Trias a que explique sus propuestas en la materia.
En paralelo, llegan inquietantes noticias sobre el programa electoral que confecciona Yolanda Díaz para Sumar. El plan de lucha contra la especulación en torno a la vivienda aconsejaría limitar la posibilidad de que un ciudadano adquiera una segunda vivienda: impidiéndoselo directamente si es en la misma ciudad donde reside o gravándole el IBI si es en otra localidad. O sea, bajar la definición de gran tenedor a dos casas. Se empezó hablando de 15 y podría acabar en dos.
Todos los especialistas coinciden en que el control de precios del alquiler no dará los resultados buscados, sino que quizá creará nuevos problemas donde no los hay: algo parecido al encarecimiento de la venta y el alquiler de pisos alrededor de las superillas de Barcelona. Y también convienen en que la única solución pasa por fomentar la vivienda protegida, de promoción pública o privada; una VPO, como se decía antes, cuya calificación se mantenga a largo plazo.
Carme Trilla, una de las expertas más serias del país en el sector inmobiliario, calcula que si no se hubiera permitido la reducción de los plazos y condiciones para la privatización de las VPO, hoy existirían siete millones de viviendas de estas características en España, lo que equivaldría al 40% del parque de vivienda principal. Sin embargo, no llega al 2%.
Ese disparate es atribuible a los sucesivos Gobiernos, desde luego, pero también hay que saber, como recuerda Trilla en su trabajo El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo, que el 75% de las familias que consiguieron una vivienda en propiedad antes del 2001 fue gracias a que compraron una VPO. La mayor parte de ellos dieron un pelotazo, especialmente los que adquirieron la casa tras el boom de los 90 y además no reunían las condiciones para beneficiarse de una vivienda social.
Es una responsabilidad compartida en el ámbito de la política por el ansia de liberalizar y en el social por la aspiración a la propiedad de los españoles. Un error que ha llevado a una situación de ahogo a buena parte del 18% de la población que vive de alquiler, y sin solución a corto plazo.
Por lo tanto, las bravuconadas demagógicas en vísperas electorales están de más porque aquí todo el mundo se ha equivocado empeñándose en la vivienda de propiedad y olvidando el alquiler, incluido el social. Que le pregunten si no al mundo barcelonés de los comunes que empezó su activismo en 2009 con la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), o sea, luchando a favor de los propietarios, y en 2017 tuvo que cambiar de orientación y creó el Sindicato de Inquilinos para ponerse del lado de los arrendatarios.