En su discurso de investidura como nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni situó como primer reto de su mandato la vivienda. La alianza que le ha llevado al poder no garantiza un gobierno plácido, dado que de momento solo cuenta con 10 de los 41 concejales del pleno, pero hay que entender que sus anuncios ya como primera autoridad local son el programa de gobierno.

Los términos en que se refirió a la forma de alcanzar sus objetivos, aludiendo a la no imposición y a la huida del dogmatismo, son esperanzadores porque señalan los mayores errores de las dos últimas legislaturas, en las que él mismo ha sido protagonista. Por eso, lo razonable sería que en coherencia con su declaración de intenciones, Collboni analizara a fondo los resultados de las políticas de vivienda aplicadas en Barcelona en los últimos años.

Los precios de los alquileres han subido como nunca, según los últimos registros. Su crecimiento espectacular responde en muy buena medida a la retracción de la oferta, dado que la nueva legislación es poco atractiva para los propietarios. Las medidas que intentan facilitar un alquiler accesible para jóvenes y familias vulnerables han tenido efectos contrarios a los deseados. Las de ámbito nacional entraron en vigor hace menos de un mes, aunque en realidad son casi idénticas a las que han condicionado el mercado de la vivienda en Cataluña desde 2020.

Si la respuesta del Gobierno a las secuelas perversas de la ley del solo sí es sí fue su reforma, el caso de la vivienda no debería ser distinto. El cambio no está en manos del Ayuntamiento de Barcelona, pero sí tiene capacidad para influir, como lo hizo en la elaboración de la normativa ahora vigente.

Collboni se ha estrenado ante la sociedad civil barcelonesa apelando al talento y a la colaboración público privada como generadora de ideas, lo que no deja de ser ilusionante, sobre todo después de un consistorio proclive a boicotear esa cooperación (Círculo de Economía dixit).

En paralelo, el político socialista ha tomado algunas decisiones muy contradictorias con esos principios. Puede que estén relacionadas con los acuerdos discretos entre el PSC y Barcelona en Comú, que incluso alcanzarían a la diputación provincial. Una de ellas consiste en mantener como asesor a Javier Burón, el verdadero ideólogo de la política de vivienda de Ada Colau. Un hombre que –igual que Ione Belarra-- califica de rentistas a los partidos que respetan el derecho a la propiedad privada de pisos en alquiler. Inquietante, pese a que el propio activista haya rechazado el empleo.