El Gobierno catalán se pasa la vida reclamando el traspaso de Rodalies. La base de esa reclamación es que Renfe ofrece un mal servicio porque durante los últimos años no se han producido las inversiones necesarias. Bueno, como reclamo publicitario no está mal y hasta parece una denuncia con visos de verdadera. Pasa por alto, claro está, que las inversiones se frenaron de golpe en 2008 por la crisis. El Ejecutivo catalán debería de saberlo bien porque fue de los primeros, con Artur Mas al frente, en empezar a recortar por todas partes. Sobre todo, en la sanidad y la enseñanza públicas y, también, en las inversiones del transporte. Fruto de aquellos polvos se arrastran aún los lodos de las dilaciones en la línea 9 del metro. Casi 20 años. Y lo que te rondaré, morena. 

Pero esto era poco importante. La línea 9 es esencialmente metropolitana, una región catalana que, salvo de forma excepcional, vota a la izquierda, de modo que el carlismo convergente y posconvergente (incluyendo a ERC) nunca ha sentido inquietud por los problemas que pudieran tener los barceloneses en particular y los de las poblaciones metropolitanas en general. 

Para acabar de redondear el relato se propone como ejemplo de buena gestión Ferrocarrils de la Generalitat, frente a la supuesta ineficacia de Renfe. Y aquí las cosas ya hay que distorsionarlas más. Para empezar, los principales problemas de Rodalies no se producen en la gestión de trenes sino en las infraestructuras, que no son de Renfe, sino de otra empresa, Adif. Y es así por mandato de la Unión Europea. Renfe es hoy un operador más de las líneas ferroviarias, en competencia con varios otros En cambio, FGC es único propietario de las vías y de los trenes. Puede organizarse como le plazca y, además, tiene una red mucho más corta y sin cruces. Y a pesar de ello, la gestión no es buena. Ni mucho menos. Que los medios de comunicación, sobre todo los que dependen del Ejecutivo catalán, oculten sistemáticamente los problemas de Ferrocarrils de la Generalitat contribuye a su buena fama. Pero la procesión va por dentro.

En los últimos días, se ha producido un descarrilamiento (con un herido), hay varias estaciones cortadas en Barcelona y l’Hospitalet y muy serios problemas en Gràcia, con restricciones en el tramo final de la línea de Sarrià así como en los servicios del Vallès, además de tener el funicular de Vallvidrera sin servicio. Si cada día se entrevistara a sus usuarios seguro que se publicitaba su descontento. 

Tal vez la solución sería traspasar FGC al gobierno central y encargar a Renfe que operara sus servicios. Por lo menos se ganaría transparencia y, cuando hubiera un problema, TV-3 y las otras emisoras que viven del momio público informarían del mismo. Lo que pasa es que el carlismo quejica (los problemas siempre los causa otro) cuenta con que la izquierda, en general de tendencia federalizante, en vez de alzar su voz contra la mala gestión autonómica sigue defendiendo el proceso de descentralización y calla. Una descentralización que termina en el gobierno autonómico, cuando lo cierto es que convendría empezar a pensar en descentralizar Cataluña y transferir a las entidades locales algunos de los servicios que gestiona (mal, muy mal) el Ejecutivo catalán. Pero el carlismo ha visto siempre en Barcelona y su entorno metropolitano un contrapoder, de modo que no sólo no ha delegado la gestión de servicios, sino que, sobre todo a Barcelona y su entorno, se los ha regateado. Desde la escasa inversión en transporte público a la cicatería en guarderías.

Si un gobierno central, el que fuera, hubiera hecho una gestión tan chapucera como la de la Generalitat en la T-Mobilitat se habrían oído los gritos hasta en el infierno, aunque no exista. Por no hablar de la gestión de la enseñanza pública, que ha conseguido colocar a los estudiantes catalanes en la cola de la cola de la comprensión lectora. Están fatal en castellano y, según los inquisidores de las lenguas, también en catalán. De lo cual, por lo oído, hay cientos de responsables salvo los dirigentes la plaza de Sant Jaume, lado montaña, que es realmente de quien depende el asunto educativo. Los mismos que son responsables de los problemas de FGC y de la desinformación de las emisoras de la corporación pública.