El Ayuntamiento de Barcelona explica estos días el empeño que pone en cuidar el arbolado de las calles de la ciudad y de todo el término municipal. Es una manera de contrarrestar los efectos del tremendo error de los servicios municipales de parques y jardines a propósito de la palmera enferma del Raval cuya caída provocó la muerte de Shamira, una joven trans de 20 años que vivía en la calle con la que la desgracia dio en cebarse definitivamente aquel caluroso mediodía del 3 de agosto.

En realidad, el consistorio no debería esforzarse demasiado porque parece que (casi) todo el mundo ha pasado página de un suceso que en absoluto era inédito, y tampoco menor. No es el primer árbol que cae en la ciudad, ni siquiera la primera palmera y tampoco la primera que mataba a un ciudadano.

Hace tres años, también en agosto, Xavier López perdió la vida cuando estaba descansando en un banco de la Ciutadella y le cayó encima la parte superior de una palmera, también datilera, poco antes de las cuatro de la tarde. Calor, ráfaga de viento y ahuecamiento del tronco, según los servicios técnicos municipales, causaron el accidente; del todo imprevisible e inevitable, añadieron. El Ayuntamiento aceptó pagar una indemnización de 103.000 euros a su familia, pese a que la justicia había archivado el caso.

Ignasi Jorro nos contaba el sábado pasado en Crónica Global que la titular del juzgado número 21 de Barcelona ha abierto una investigación sobre los hechos de la calle Joaquín Costa que causaron la muerte de Shamira para averiguar si constituyen delito por parte de las instituciones responsables del mantenimiento del arbolado. Es evidente que en el suceso no hay dolo, pero la revisión inmediata de 900 ejemplares del parque de 2.500 palmeras datileras de la ciudad, que son las más susceptibles de sufrir percances, da una pista de por dónde van los tiros. En unos pocos días se derribaron nueve palmeras de la misma familia.

Desgraciadamente, la palmera que cayó el 3 de agosto había sido revisada cinco meses antes tras las denuncias vecinales, pero los técnicos no vieron nada anormal.

Los propietarios forestales son responsables del mantenimiento de sus bosques. Recuerdo haber leído no hace mucho que un tercio de ellos habían sido advertidos por la Xunta de Galicia en los últimos cuatro años y que, finalmente, casi 3.000 recibieron una multa. ¿Sería disparatado hacer un paralelismo entre el desdén de esos señores del bosque ante el riesgo de incendio y la actitud del consistorio barcelonés frente al estado de los árboles de sus calles y parques? Creo que no.