El encargo de Jaume Collboni a Carme Trilla de que forme un equipo de expertos para que le asesore en materia de vivienda es una marcha atrás de los dos anteriores mandatos municipales, pero quizá más en las formas que en el fondo. La reserva obligada del 30% en las promociones para vivienda social es un buen ejemplo, como podrían ser las superillas en el terreno del urbanismo.

Trilla es favorable a esa medida, como se hace en otros países, para no a banlieueizar ciertos territorios desfavorecidos del entorno metropolitano de Barcelona. La cuestión está en crear mecanismos compensatorios para conseguir algunos objetivos de la política social sin romper el negocio de la promoción, en huir del ordeno y mando.

Vivimos un momento muy complicado en este terreno: está a punto de producirse una transformación de calado.

En la cúspide el anterior boom inmobiliario, una buena parte de la población se sumó a una especulación fácil y superentable. La práctica de comprar una vivienda sobre plano y al cabo de unos meses desprenderse de ella con un buen margen sin pasar por el notario, evitando gastos e impuestos, llegó a ser casi un deporte nacional. Como ya sabemos, a partir de 2008 unos cuantos, también cajas y bancos, se pillaron los dedos.

Ahora sucede algo parecido. En la mayor parte de las poblaciones costeras es muy difícil encontrar un piso de alquiler residencial porque todo el mundo quiere dedicar sus propiedades, muchas de ellas compradas sin hipoteca, al alquiler turístico. Como mucho, las ponen en el mercado normal de octubre a mayo para devolverlas luego a la ronda estival.

Quienes lo hacen no son necesariamente grandes tenedores ni empresas del Ibex, sino particulares deslumbrados por el becerro de oro que inventaron tíos listos como los de AirBnB; gentes que al final quizá no calculan bien la relación coste/beneficio.

Nueva York ha impuesto una normativa que devuelve el negocio del alquiler vacacional a su origen: el propietario de un piso solo puede competir con los hoteles si convive con los huéspedes, que no pueden ser más de dos. Algunas ciudades más cercanas --la misma Barcelona-- han tratado de poner orden en esa industria por sus efectos sobre el turismo y también la vivienda.

Es improbable que una experta de la trayectoria de Trilla olvide que tiene que trabajar en ello, que debe contar con la complicidad de la iniciativa privada para que la política de vivienda sea razonable, además de social. Los frentes son enormes y, como ella misma ha reconocido en muchas ocasiones, requieren como primer paso una política metropolitana más que local. ¡Suerte!