El patrimonio arquitectónico de la ciudad siempre está al borde del filo. A la que la ciudadanía se despista, aparecen motivos e intereses que provocan cierto recelo por la defensa del mismo. La falta de sensibilidad del consistorio en la conservación de nuestros bienes culturales dista mucho que desear.

Es el caso del antiguo seminario en desuso, construido el año 1889, que tiene un jardín desde años reclamado por los vecinos. Propiedad del Arzobispado,  está situado en la calle Galileo con la calle del Remei y cuenta con casi una manzana de extensión en la zona. Alberga una residencia para sacerdotes jubilados, con un edificio anexo desocupado desde hace años, conocido como Can Capellanets. Es un edificio sin un valor ornamental, ni detalles significantes. Sin embargo, está catalogado por el Ayuntamiento de Barcelona. El Arzobispado, a través de la fundación Sant Josep Oriol, firmó, hace ya algunos años, un contrato con la empresa L’Onada Serveis. Un acuerdo que le permitía construir una gran residencia para unas 120 personas, disponiendo del solar hasta el año 2067. La propuesta afectaba el edificio anexo, así como ampliaba el volumen, alterando la actual superficie del jardín. Un proyecto al que las instituciones vecinales, entre ellas la plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts que congrega a otras 26 entidades vecinales, han estado desde siempre en contra. Reclaman, desde hace tiempo, una propuesta que respete el edificio histórico y los jardines, una de las pocas zonas verdes de las que dispone el barrio.

La empresa L’Onada Serveis, contrato en mano, no tiene intención de parar las obras iniciadas en el 2021. Mientras, el Arzobispado lo da por rescindido e insta a no permitir el acceso a la finca a la empresa. Un conflicto que actualmente está en los tribunales, de momento parado, pero no rechazado. Aunque en este caso la Iglesia parece ser sensible a las reclamaciones vecinales con la disposición de modificar el proyecto, respetando el jardín y el edificio anexo protegido. El Ayuntamiento considera que es una cuestión a solventar entre privados, y que entre ellos se tendrá que resolver. Sorprende que la preservación y mantenimiento del patrimonio arquitectónico que está bajo la responsabilidad municipal se pueda llegar a inhibir de tal manera. El proceso está judicializado. A corto plazo, obligará a que el consistorio se implique en su resolución, haciéndose eco de las reclamaciones vecinales que pasan por exigirle que expropie el edificio por falta de conservación y mantenimiento.

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento tendrá que tomar cartas en el asunto, dejando atrás lo vivido estos últimos años pasados. Situaciones como la Colonia Castells, la torre Paula Canalejo, la casa Jover en la Plaza Adriano, la antigua cooperativa Flor de Maig, la transformación de la Masia de Can Raventós, las Bugaderes de Horta, son ejemplos que no han hecho ningún bien a una ciudad que se siente orgullosa de su patrimonio. Esperemos del nuevo Ayuntamiento más complicidad vecinal, no fuera el caso de que sea verdad aquello, de que hay que hacer que todo cambie, para que nada cambie.