Cualquiera que haya paseado por la Plaza de Catalunya de Barcelona últimamente habrá observado que han desaparecido las colas a las puertas de la sucursal del Banco de España; en realidad, hace tiempo que desaparecieron. Lo más normal sería pensar que la institución ha dado respuesta a la demanda ciudadana de invertir en deuda pública y, en consecuencia, la gente ya no necesita guardar turno desde las seis de la mañana.

Pero no es así, ni mucho menos. Las colas aún existen, lo que ocurre es que la magia de la cita previa las ha convertido en virtuales. Quien desee adquirir letras o bonos del Tesoro tiene que pasar por el aro: antes eran horas de pie a la intemperie y ahora son largas listas de espera.

Desde comienzos de octubre no hay un solo minuto libre hasta el 31 de diciembre en la oficina catalana del Banco de España. (El calendario del 2024 aún no aparece en la web). O sea, que el jubilado, el trabajador, el listillo o el rentista –como llaman los podemitas a los ahorradores-- que quiera invertir en deuda pública tendrá que elegir entre dos posibilidades: o compra a través de su banco, que le vende fondos de renta fija con una rentabilidad del 2,75%, o sea que sólo se queda una comisión equivalente a la tercera parte de los beneficios; o se pone a la cola.

Es verdad que el ciudadano también tiene la posibilidad de participar en una subasta a través de internet, una prueba de destreza capaz de rendir al más perseverante de los ahorradores: todo son dificultades, dobles identificaciones y callejones sin salida. Los técnicos de la Agencia Tributaria deberían dar una tutorial a los programadores del banco emisor.

Es comprensible que la banca dificulte el acceso de sus clientes a la deuda pública, mucho mejor retribuida y más segura que sus productos de ahorro. Hay exceso de liquidez en el sistema, no necesita el dinero de sus clientes y sabe que la pereza juega a su favor. Pero lo que ya no es tan justificable es que el Gobierno permanezca inerte ante esas malas artes; y tampoco que el Banco de España contribuya poniéndose de perfil.

Hace unos días, el profesor Josep Oliver subrayaba una buena noticia: el endeudamiento externo español sólo es del 58%, frente al 98% de 2008. Esa dependencia exterior era una de las mayores debilidades de nuestra economía, que la hacían vulnerable, mucho más que la italiana y casi tanto como la portuguesa y la irlandesa en aquellos momentos críticos de la Gran Recesión.

Aunque el ahorro de los particulares no sea tan importante como el que manejan las grandes corporaciones de fondos de inversión y de pensiones, aunque en estos momentos apenas suponga el 2% de la deuda emitida (hace un año era apenas el 0,08%), ¿por qué el Banco de España no les ayuda? La subida de los tipos encarece las emisiones, es cierto, pero la demanda –también la de los ciudadanos-- templa esa tendencia. ¿Por qué el Gobierno no anima al Banco de España en beneficio de las propias finanzas públicas?