Se acerca el final del año y es momento de hacer un recuento y una previsión económica de cara al próximo año. Esto implica cuadrar los ingresos con los gastos, y preparar un presupuesto. En las administraciones locales, es un clásico en estas fechas.

Después de años de presumir de tener unos ahorros millonarios, el ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs llegó a tener casi la friolera de 30 millones de euros disponibles. Ahora, llegan los lamentos y el argumento de "no tenemos dinero".

En primer lugar, es importante recordar que todo ese capital ahorrado no era el resultado de una gestión impecable, sino más bien el resultado de una incapacidad manifiesta para ejecutar los presupuestos que ellos mismos elaboraban año tras año. No gastar como forma de ahorrar, es decir, dejar de hacer cosas útiles y necesarias para los ciudadanos.

Con la llegada de la pandemia, se relajaron las reglas fiscales impuestas de manera muy estricta por el PP durante la época de recortes y austeridad. El PSOE, y en su versión catalana y local, el PSC, vieron una oportunidad de oro para aprovechar todo ese dinero convertido en ahorro, fruto de la ineficacia en su gestión, y gastarlo en los dos últimos años del mandato. Más que ponerlo a disposición de la ciudadanía, lo pusieron a disposición de conseguir una victoria electoral. Y cabe decir que les funcionó.

Pero, ¿cuál es el resultado? Ahora no hay ahorros ni dinero disponible. ¿Cuál es la solución propuesta? Subir el IBI un 5%. ¿Dónde han ido esos 30 millones que ahora serían tan necesarios y que podrían servir para llevar a cabo una política diferente? Se gastaron en una larga lista de pequeñas cosas que no han servido para cambiar ni mejorar sustancialmente la ciudad, y que ya comenté en mi primer artículo para Metrópoli.

Durante todo el final del mandato, desde el grupo municipal de ERC estuvimos advirtiendo tanto al resto de los partidos políticos como a la ciudadanía sobre la mala gestión económica. Y ya en los últimos seis meses del mandato, dijimos claramente que aceptar el gasto de los ahorros era condenar al Ayuntamiento a una subida de impuestos, y posiblemente a recortes más o menos disimulados en los servicios que prestamos. Justo lo que ahora argumenta el equipo de gobierno como anzuelo para tirar adelante la previsión de ingresos.

Y solo queda responder a la pregunta inicial, la que da título a esta opinión: Subir el IBI, ¿para hacer qué? Y es probablemente la parte más triste de esta historia: un Ayuntamiento sin ahorros, con prácticamente ningún presupuesto reservado para la inversión, sube los impuestos no para hacer frente a esas partidas, sino para poder cubrir los gastos corrientes, los del día a día.

El Ayuntamiento ya no cuadra las cuentas: tiene más gastos que ingresos. La solución servida es subir impuestos con la excusa de que, de lo contrario, no se podrían pagar servicios tan esenciales como la electricidad o a los funcionarios que han tenido un merecido aumento salarial decretado por el PSOE desde el gobierno del Estado.

El PSC en Sant Adrià utilizará su mayoría absoluta para aprobar sin problemas la subida. Y lo hará sin un ápice de autocrítica, amparado en un "todos los ayuntamientos lo hacen" y confiando en que una decisión impopular como esta se olvide dentro de cuatro años, cuando llegue el momento de evaluar de nuevo su gestión de la ciudad en las elecciones municipales.

No me gustaría confundir a ningún lector en cuanto a nuestra posición. Hemos optado asambleariamente, como siempre hacemos, por abstenernos. Porque hemos propuesto seguir el ejemplo de la vecina ciudad de Barcelona y bonificar el IBI a aquellos que ponen sus pisos en alquiler social y facilitan un bien tan importante como la vivienda a quienes más la necesitan. Esta propuesta vinculará nuestra posición en los próximos años sobre este tema.

El gobierno municipal puede aprobar la previsión de ingresos gracias a su mayoría absoluta, sabemos que no somos necesarios en la ecuación, pero nos han elegido para ser útiles a la gente y eso es lo que intentamos hacer.

Nuestro voto no es un voto de confianza, sino de desconfianza. Una abstención para que apliquen nuevas formas de ayudar a quienes más lo necesitan. Y una abstención que nos permite ser libres en la crítica a una gestión económica que ha sido nefasta para los intereses de la ciudadanía de Sant Adrià.