El gobierno municipal tiene entre manos una patata caliente: la revisión de las ordenanzas sobre la convivencia, también llamadas del civismo. Hay acuerdo general en que las actuales, que tienen ya 18 años, necesitan una adaptación, pero se discrepa en casi todo lo demás. A veces por convicción y a veces por tacticismo. Es el caso del grupo denominado Junts per Trias, que puede defender una cosa y la contraria (incluso la contradictoria) en función de intereses que nada tienen que ver con el asunto del debate. Es lo que ha pasado con las tasas de las terrazas, que las ha propuesto y rechazado y vuelto a defender sin que nada, al menos en apariencia, justificara los bandazos.

La actitud de los comunes es diferente. Pertenecen a esa nueva izquierda que, al quedarse sin motor para la historia (se suponía que era la lucha de clases) ha decidido apuntarse a causas menores y el poder nunca lo es, de modo que contemplan cualquier oposición a las leyes como si fueran el embrión de la revolución aplazada. Desde esa perspectiva rechazan casi por norma las sanciones como solución a los comportamientos incívicos, ignorando (o despreciando) que ese tipo de comportamientos tiene consecuencias dañinas para el conjunto de la ciudadanía. Pese a ello, su solución es siempre que hace falta educación, pasando por alto que de ese modo lo que se hace es dilatar la resolución del problema hasta que todo el mundo esté rousonianamente educado. ¡A saber quién verá una Barcelona tan idílica!

Son la otra cara del PP, convencido de que sólo la represión resuelve los problemas. Salvo que los reprimidos sean los suyos cuando se manifiestan ante las sedes de partidos rivales. En ese caso, las fuerzas del orden se convierten en fuerzas represivas. No estaría de más que los populares descubrieran el valor de la educación y de la urbanidad. Cosas que, a veces, se aprenden en casa y otras en clase. Claro que para eso hay que asistir y ya se sabe que a ellos muchas materias se las convalidan. Le pasaba a Casado y a Cifuentes y ha debido de pasarle también a Alberto Núñez Feijoo con la literatura. De ahí que piense que Orwell escribió 1984 en ese mismo año o que confunda a Antonio Machado con Ismael Serrano. Igual se le pueden aplicar aquellos versos del poeta que dicen que “Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora”. Cámbiese Castilla por algunos dirigentes del PP que hacen ostentación de ignorancia o truecan el argumento frente al rival por el insulto duro. ¿Sancionará la nueva ordenanza el uso de la palabra soez? La expresión figuraba hace años en los autobuses y tranvías de Barcelona. Igual TMB conserva alguna de esas placas y puede enviársela a Isabel Díaz Ayuso.

El caso es que la ciudad necesita con urgencia la revisión de las normas de convivencia. No es tarea fácil porque supone entrar en un terreno en el que hay conflicto de intereses y definir cuáles son prioritarios. ¿El derecho a la fiesta o el derecho al descanso?, por citar sólo un ejemplo. Pero, además, la eclosión de bicicletas y patinetes ha transformado los usos de las calles y de las aceras y resulta imprescindible redistribuir los espacios para que quepan todos sin colisionar. El espacio público es de todos, pero eso no significa que cualquiera pueda hacer en él lo que le plazca. Entre otros motivos, porque es un espacio escaso y hay que racionalizar su uso.

Va a ser difícil porque, en los últimos años, ha habido una permisividad absoluta y, como decía un manual de urbanidad de los años cincuenta, es más difícil enderezar un árbol que ha crecido torcido que hacer que crezca recto cuando es joven. Patinetistas y ciclistas han disfrutado de la impunidad durante años y ahora ven como una merma de sus derechos el intento de impedir que se vulneren los derechos de los peatones.

Hace un tiempo, cuando Emilio Lledó era catedrático de Filosofía en Barcelona, se planteó en una de sus clases sobre la antigua Grecia una discusión sobre el papel de las leyes. Unos defendían que era un instrumento de los poderosos para imponerse sobre los oprimidos. Otros, en cambio, sostenían que la ley es muy útil para el oprimido porque limita el poder de quien, sin ella, podría hacer lo que quisiera. Pero hay que tener presente un añadido: la ley sólo protege si se cumple y sólo se cumple si hay quien se encarga de hacerla cumplir.