Lo que más alteró a Alberto Núñez Feijóo en la sesión de investidura de Pedro Sánchez no fue el triunfo del secretario general del PSOE, sino sus carcajadas a propósito de las afirmaciones del líder del PP cuando presumía de no ser presidente por voluntad propia (no había querido pactar con los que desean romper España). La burla del candidato le molestó tanto que al día siguiente le recomendó que cuidara su salud mental.

Cualquiera se habría sentido ridículo ante el espejo de un error tan disparatado –el PP nunca podrá gobernar si necesita más apoyos que los de Vox porque nadie quiere compartir escenario con los ultras, todos lo saben--, y Feijóo trató de salir del sonrojo de la víspera con otra equivocación propia de Miguel Tellado, pero no de un político de su talla.

Pero deberíamos estar acostumbrados ya a este tipo de mentiras con las que los políticos tratan de justificar su impotencia, y el primero que tendría hacerlo es el propio Sánchez. Porque mientras el gallego, que había enviado a Esteban González Pons a negociar con JxCat una abstención para su investidura, se envanecía cómicamente de su renuncia a la presidencia, Ada Colau se jactaba de rechazar un ministerio en el nuevo Gobierno progresista. La exalcaldesa, a la que todo el mundo situaba al frente de las políticas de vivienda en un ministerio de Sumar, dijo que se descartaba para ese trabajo porque no se veía en Madrid.

Puede que no quiera vivir en Madrid, por supuesto, pero Sánchez tampoco contaba con ella. Tenía previsto volver a dar categoría de ministerio a la vivienda y aplicar una orientación poco podemita al departamento con el aprobado de Yolanda Díaz. Los pequeños tenedores ya no serán perseguibles como los “rentistas” que son a ojos de Podemos, Sumar, Más País y demás organizaciones a la izquierda del PSOE. La titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que va a proteger a los pequeños propietarios.

Y en Barcelona, la experta en jefe de los asesores en la materia de Jaume Collboni, Carme Trilla, propone una especie de pacto social en torno a la vivienda que haga más sólidas las decisiones y sea capaz de evitar que las medidas que se adopten para proteger ese derecho se conviertan en motivo de debate permanente. En esa línea, propone aplicar con realismo la exigencia del 30% de pisos protegidos en las promociones privadas, una disposición muy controvertida de la época de Colau.

Es decir, no ir en busca del enfrentamiento, dejar de emplear tanto tiempo y esfuerzo en la caza de culpables. Ir a lo positivo, tanto en Madrid como en Barcelona. O sea, que menos lobos.