Estos días la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, anunciaba que su ayuntamiento había logrado reducir el tiempo de tramitación de las licencias de obras mayores, de seis a dos meses. Lo hacía el mismo día que se cumplían cuatro años del temporal que se llevó por delante un icono de mi ciudad, pero también de Barcelona. Se trata del Pont del Petroli, una plataforma espectacular ganada al mar para el paseo y la observación del skyline de Badalona.
Les cuento la historia, pero déjenme además ejercer de badalonés que ama a su ciudad a pesar de los pesares, para manifestar que también es verdad que en los años buenos (aquellos en los que había ilusión en la gestión pública, ganas y no miedos, deberes y derechos, y presupuestos disponibles) Badalona recuperó edificios y supo darles uso y el mantenimiento adecuado. Pero vayamos a la historia.
El temporal Glòria destrozó el tramo final del puente, y lo primero que ocurrió fue que no se pudo justificar la urgencia de su arreglo. Para justificar “la urgencia” uno debe explicar que es necesaria porque allí se realiza alguna actividad esencial, que de no producirse afectaría el servicio público... Digo que no se pudo, porque con otro temporal y con el mismo Pont del Petroli sí que se pudo, y se supo. Se argumentó entonces “la emergencia” y no “la urgencia” porque “entrañaba un peligro para las personas que pudiesen acercarse”. La diferencia en una situación y la otra fue la confianza interna de los equipos municipales para trabajar en equipo y sacar los expedientes adelante. A fin de cuentas, la mayor de las causas del parón administrativo en la ciudad está en esa falta de confianza corporativa.
La segunda cosa que ocurrió es que alguien creyó que se debían estudiar las causas del derrumbe (parece ser que un temporal de olas gigantes no fue suficiente razón) y modelizar los parámetros de una obra que pudiese aguantar otro Glòria. Hasta aquí, pase. Pero carai... aquí volvió a aparecer la duda, la objeción o lo que ustedes quieran, para discutir -durante un año entero- si se podía encargar tal estudio a una Universidad, o se debía hacer un concurso público. Tardaron un año en darse cuenta de que la ley corrobora que las administraciones y entidades públicas pueden colaborar entre ellas y que por esta razón la UPC podía recibir un encargo para realizar el estudio de marras.
Con el estudio hecho (que en resumen decía que las corrientes y los temporales bla bla bla y que refuercen las estructuras que lo aguantan) llegaron los “técnicos” que debían analizar qué proyecto tiraba adelante. Y tenían, tuvieron vaya, la opción cara, la menos cara y la barata. Y en Badalona, ya se sabe, el Ayuntamiento tiene fama de rácano, y la discusión se alargó más de la cuenta hasta que alguien les dijo que “ya que vamos a hacer una obra para que el puente aguante... hagamos la que nos dé más opciones de lograrlo”.
Una vez superado todo esto, que tardó dos años, entonces debían redactar el proyecto... pero claro, ¡cómo lo iban a hacer desde dentro de la casa!... debían encargarlo fuera, concretamente, al Área Metropolitana de Barcelona, que viene a ser la prestadora de servicios municipales de referencia para todos los ayuntamientos que ven en ella una ayuda y una forma de librarse de trabajos que requieren de burocracia que nadie quiere sortear.
Con lo cual, pasaron más meses, vinieron las elecciones... y ahora parece ser que ya está listo el proyecto. Fíjense cómo uno no supo justificar una urgencia o emergencia, otro dudó de si podía estudiar la solución, otro no quiso encargar el proyecto y lo delegó en quién sí que quiso, que lo subcontrató a otro, para al final volver a la mesa del ayuntamiento e iniciar otro periplo de informes técnicos, de suficiencia económica, de habilitación de partida y algunos más, para acabar, no sabemos cuando, ejecutando una obra que debe realizarse en época de mares apacibles.
Veremos cuando empieza, cuando acaba, y si aguantará otro temporal, que los habrá. Y esperemos de nuestro nuevo ayuntamiento el meneo que necesitan aquellos que se han perdido y acomodado en las excusas de la plantilla insuficiente y la burocracia mareante. Yo he defendido siempre que la administración debe actuar con seguridad jurídica, y que los habilitados nacionales hacen un trabajo necesario. El deber y el reto es que logremos que ellos y los técnicos municipales trabajen como un equipo. Creo que los ciudadanos lo merecemos, y el ayuntamiento lo necesita como agua de mayo.