El deseo se ha manifestado. No hay duda. Tanto el alcalde Jaume Collboni, como su hombre clave en el consistorio, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, han dejado claro que la medida de destinar un 30% de los pisos de edificios de más de 600 metros cuadrados a vivienda social, ya sea en obra nueva o en grandes rehabilitaciones, no ha funcionado. Se pueden contar los pisos que, en cinco años, desde que está vigente, se han incorporado al mercado a partir de esa medida: no llegan a diez. Es un fracaso en toda regla del anterior equipo municipal, por parte de la ex alcaldesa Ada Colau. También de los socialistas, que la apoyaron. La idea tenía una buena intención. Si la ciudad representa la mezcla, con habitantes de rentas distintas, con orígenes diversos, lo idóneo es que también puedan vivir en espacios comunes, sin que se produzcan guetos o barrios excesivamente diferenciados. Lo explicó con brillantez el sociólogo Richard Sennet en su obra El respecto, que se iniciaba con su propia experiencia personal en Chicago, como habitante de Cabrini Green, un proyecto de vivienda pública que no funcionó, de mezcla racial, que fue inviable.

Los promotores privados de vivienda podrían ser los máximos responsables, pero es que, en realidad, es la propia población la que no acoge esos planes con los brazos abiertos. En un determinado inmueble podría haber inquilinos beneficiados por ese plan de vivienda social, y otros que habrían pagado cantidades muy superiores por sus pisos. La cuestión es que el plan de Colau no ha funcionado en Barcelona.

El PSC, con Jaume Collboni al frente, quiere renunciar a esa medida. Pero, ¿qué propone como alternativa? Y lo que es más importante, ¿con quién quiere pactarla? Collboni ha señalado que el Ayuntamiento tiene pendiente un informe encargado a la experta en vivienda Carme Trilla. Lo que se propone es que ese 30% de vivienda pública se pueda monetizar, y que esos recursos los pueda destinar el consistorio en las zonas que crea más idóneas. El sector inmobiliario está de acuerdo. No ha rechazado esa idea. Pero surge, otra vez, la pregunta. ¿Podrá Collboni pactarla con Esquerra Republicana, que es el socio que ha elegido, para llegar después a acuerdos con concretos con comunes o con JxCat? Los republicanos en esa cuestión están muy cerca de los comunes. Aunque hay un ala liberal en Esquerra –o la hubo hace unos años--- la dirección de Esquerra se ha distinguido por rivalizar con los comunes en políticas netamente intervencionistas. Entre los comunes, ERC e, incluso, la CUP, las diferencias en determinados ámbitos son casi inexistentes.

Y la paradoja es que no se trata de políticas de izquierda o de derecha, sino de asegurar que un objetivo se pueda realizar. Se quiere vivienda pública, se quiere ampliar un parque público que es muy pequeño en relación a otras grandes ciudades europeas. Y la forma para conseguir ese objetivo se ha demostrado que no pasa por la reserva del 30% en las promociones urbanísticas. Ese es el gran problema de la izquierda dogmática, que tiene un objetivo loable, pero nunca se aparta de los métodos de siempre, aunque se haya demostrado que no sirven.

Collboni insiste en que en Barcelona hay zonas para construir pisos tanto libres como protegidos. Y señala el barrio de la Marina del Prat Vermell, o la zona norte del 22@ o la Sagrera-Bon pastor. Hay proyectos en esas zonas que ya están en marcha. Pero falta mucho más. Es necesario movilizar capital, inversiones que apuesten por la construcción de viviendas. El sector privado debe colaborar con todas las consecuencias, pero siempre que la administración pública ofrezca garantías, seguridad jurídica, y que garantice un retorno adecuado.

Hoy la medida del 30% está vigente, aunque el Ayuntamiento haya asegurado que no está a favor. Es urgente que el alcalde Jaume Collboni decida cómo incentivar a todos los actores implicados y para ello la primera tarea es pactar la alternativa con alguien. Y está claro que las distintas fuerzas políticas tienen el derecho –se podría decir ‘la obligación’—de cambiar de opinión. Los comunes, Esquerra y Junts tienen la palabra para tender la mano, y llegar a un gran acuerdo sobre vivienda con el PSC. ¿Están dispuestos? ¿Lo está Collboni? Lo realmente necesario es ampliar la oferta de vivienda, en todos sus formatos: protegida y libre, y también para el alquiler, con propiedad pública o privada.