Han pasado tres meses desde el trágico incendio de Valencia que en minutos se comió una gran estructura de viviendas con los vecinos dentro. Y tres meses después no se han tomado medidas para modificar el Código Técnico de la Edificación. Como el asunto ya pasó, como siempre se pone sordina. Según los datos del Catastro, el parque de viviendas en España está muy envejecido con edificios de más de 45 años de vida. Por tanto, fueron construidos sin que el CITE estuviera en vigor, lo que aumenta el riesgo de incendios que, por cierto, se incrementa de forma exponencial. El último año con datos conocidos es 2022 con 32.347 incendios, una cifra exponencialmente superior los 22.506 de 2016. Como mal añadido, 4 de cada 5 edificios tienen una calificación energética E, o peor, por lo que no están aislados al frío o al calor, el ruido y, evidentemente, no están protegidos ante contingencias de incendios.
Barcelona no es la excepción. Tenemos barrios vulnerables como Gràcia, Sants o Ciutat Vella por la vejez del parque y la densidad de población. Los incendios en nuestra ciudad no son una anécdota, más bien al contrario, sumando en 2022 un total de 1.194 incendios y nos dejamos vidas en el camino. Este mismo año un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local -la casa Jaume Moysi- fue pasto de las llamas y no digamos del gran incendio del Teatro del Liceo.
Cierto que Barcelona aprobó en 1997 una Ordenanza Municipal de protección contra incendios que fue pionera en su momento y todas las edificaciones a partir de esa época fueron construidas con unas mínimas garantías. Pero, sin duda, son insuficientes porque el ayuntamiento de Barcelona se comprometió, cuando sucedió el incendio de Valencia, un censo de edificios sensibles.
Sería conveniente recuperar esa idea y hacer una radiografía de la situación y actuar en consecuencia en un programa de rehabilitación que debería contar con ayudas públicas. Los consistorios deben pensar que estas ayudas no son gasto sino una inversión de futuro, igual que las comunidades de propietarios que deben rascarse el bolsillo en pro de más seguridad. Mentalícense, porque sí o sí es necesario actuar. Así lo demandan asociaciones de fabricantes y profesionales del sector que añaden que la actual legislación sigue siendo insuficiente y debería reconocer las figuras de edificios de alto riesgo o edificios de riesgo de gran altura.
Una reforma y una actualización del CITE debería convertirse en una prioridad para evitar males mayores. No es baladí este movimiento porque los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que ocho de cada diez ciudadanos afirman no tener problemas con el aislamiento y tienen la percepción de que su edificio es seguro. O sea, los ciudadanos se creen y piensan que viven en edificios seguros, pero la realidad nos dice que no lo son.
Valencia fue una lección de la que hay que aprender. No solo en la capital del Turia, sino en el resto de España. Barcelona tiene una legislación pionera desde 1997, pero también tiene un parque inmenso desde antes. Es necesario abordar el problema y no dejar que se apague la llama con el tiempo. Valencia sigue estando ahí y se puede reproducir en cualquier momento. La rehabilitación es el pivote fundamental para rehacer ese viejo parque pero sería conveniente, y recomendable, que se endurecieran las condiciones técnicas en las nuevas edificaciones y se adaptaran los materiales a las nuevas exigencias. Siempre es mejor actuar de forma activa que no reactiva, como consecuencia de una desgracia. Tres meses después de Valencia es buen momento para reactivar un debate que no ha desaparecido. Está ahí.