Cualquier ciudadano que viaje y haga una reserva de hotel a través de internet puede encontrarse con una sorpresa desagradable. Con mucha frecuencia contrata una habitación a través de un intermediario –sobre todo, Booking-- sin darse cuenta. La propia web del establecimiento que el turista ha elegido está secuestrada por la agencia de manera que reconduce al cliente a sus dominios, aplica la reserva y se lleva una comisión del 15%.

Ese pirateo da lugar a situaciones curiosas, como que un viajero llegue a destino y le hospeden en una habitación que no reúne las condiciones que creía haber contratado. Y es que, efectivamente, el hotel trata de resarcirse de la comisión que le viene impuesta por el monopolio que de hecho ejercen las OTA’s (online travel agencys), destinando sus mejores alojamientos a quienes contratan directamente, de forma telefónica, presencial o en el site del hotel.

Pues bien, Booking acaba de anunciar que el día 1 de julio dejará de obligar a los establecimientos con los que opera a la “cláusula de paridad”, que no es otra cosa que la imposición del mismo precio en su web que en los servicios de la agencia. Los hoteleros europeos han luchado contra esta empresa hasta conseguir la promesa de desmontaje del abuso en el plazo de dos semanas obligada por la ley de mercados digitales de la UE.

En Barcelona, el Ayuntamiento no sabe cómo acabar con la intermediación de Booking, multinacional con sede fiscal en Ámsterdam, para que deje de traficar con los establecimientos ilegales de la ciudad que ofrecen habitaciones en pensiones piratas radicadas en pisos alquilados fraudulentamente a sus propietarios.

La multinacional no para de dar excusas para justificar su colaboración con las organizaciones mafiosas, pero sigue ofreciendo alojamientos en lugares al margen de la ley, incluso con referencias de registro turístico falsas a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ya le ha impuesto una sanción de 486 millones por abuso de posición dominante.

Son multas que se recurren con la esperanza –fundada-- de que acaben en nada, como probablemente ocurrirá con la inspección que les acaba de abrir Italia por los mismos motivos.

Estas multinacionales se amparan en la utilización de tecnologías digitales para eludir la legislación que se aplica en el negocio de las agencias de viajes. Es tan ridículo como si la banca abandonara el convenio del sector y la regulación del BCE por la digitalización de su operativa y sus servicios, como si el cambio de herramientas implicara el cambio del objeto social de la empresa.