Multa de 420.000 euros a un propietario por alquilar pisos como apartamentos turísticos ilegales
La sanción llega después de meses de investigación y seguimiento de los inspectores municipales del distrito de Ciutat Vella
2 enero, 2024 11:04Noticias relacionadas
El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con una multa de 420.000 euros al propietario de un edificio, situado en la calle Ample 24, en el distrito de Ciutat Vella, que alquilaba 14 viviendas para comercializarlas a través de Booking y Airbnb como alojamientos turísticos ilegales, informa en un comunicado.
La sanción llega después de meses de investigación y seguimiento de los inspectores municipales de la Dirección de Servicios de Inspección, del distrito de Ciutat Vella y de la Guardia Urbana, que han constatado que durante años la propiedad evitaba expedientes y sanciones del consistorio.
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ILEGALES
Alegaba que alquilaba las viviendas "aparentemente de manera legal" con contratos de larga duración a inquilinos de alojamientos turísticos ilegales.
De este modo, la propiedad evitaba el expediente finalizando el contrato de alquiler o cambiando el titular cuando se acercaba la fecha de conclusión final del trámite administrativo sancionador del Ayuntamiento.
El consistorio también ha constatado que, para evitar la inspección de la administración, los infractores desactivaban y activaban los anuncios en las plataformas con nombres, fotos y anfitriones diferentes.
VIVIENDAS OCUPADAS POR TURISTAS
A raíz de una inspección conjunta en abril, comprobaron que 14 de las 15 viviendas estaban ocupadas por turistas alojados en pisos sin licencia para ejercer la actividad turística, y en el piso restante vivía una inquilina de renta antigua que gestionaba la recogida de llaves y entradas y salidas de los pisos.
El teniente de alcalde de Seguridad y del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha avisado de que serán "impecables" con aquellos que quieran actuar del mismo modo para evitar estas infracciones.
Además de la sanción, el Ayuntamiento enviará a la Agència Tributària toda la información contenida en el expediente para que la propiedad responda también si es necesario ante la hacienda pública.