Es de perogrullo. Si no se aumenta la oferta de vivienda, no hay quién pueda resolver el problema a su acceso. Bien, habría otras soluciones, pero no creo que sean muy populares. Por un lado, se podría degradar el sistema de salud para conseguir que la longevidad de los catalanes se redujera. Por otro, el Estado podría cambiar su política de acogida y frenar la llegada de inmigración. Ya que ni una ni otra medida parecen deseables ni posibles, la salida sólo pasa por aumentar la oferta de vivienda asequible, cosa que no se hace sin dinero público. Los presupuestos públicos en vivienda han sido tradicionalmente muy poco relevantes, y en este terreno sí que se ha apostado por “el mercado” como regulador de la oferta y la demanda. Es verdad que los tipos de interés bajos y el rebufo de la burbuja inmobiliaria resolvieron el acceso de muchos y fueron el ataúd de otros, pero hoy ya sabemos que sin dinero público suficiente, no se puede encajar el puzle de la longevidad, la emancipación y la llegada de inmigración. También sabemos que, sólo con regulación a los privados, para limitarles las posibilidades de sacar rendimiento de sus patrimonios, tampoco no se consigue un mayor acceso a la vivienda sino que, al contrario, este acceso aún se contrae más.

No queda otra que combinar medidas de intervención justas –por ejemplo, para limitar los pisos turísticos o reducirlos hasta que haya suficiente oferta de vivienda de alquiler para residentes- con la construcción, casi masiva, de viviendas que puedan dar respuesta al puzle que debe encajar la sociedad catalana. Vamos a la historia, para que se hagan una idea de lo que han sido los últimos cincuenta años de construcción en Catalunya. A grandes rasgos, entre 1960 y 1990 se construyeron medio millón de viviendas con alguna calificación de protección, y entre 1990 y 2021, alrededor de ochenta mil más. Estos datos responden a una demanda vinculada a la oleada migratoria de los años 50 y 60 en Barcelona, y a un crecimiento orgánico de la población que pudo ir adaptando su crecimiento a la construcción de las viviendas necesarias para alojarlo. Después, ya lo vemos, la inversión pública en construcción de vivienda protegida se reduce hasta lo anecdótico, a pesar de la llegada ininterrumpida de población extranjera a partir del año 2000.

Hoy, con menos suelo disponible, las posibilidades de construir vivienda con algún tipo de protección son menores, aunque las previsiones de suelos disponibles para la construcción de vivienda, según las autoridades metropolitanas, se cifra alrededor de las ciento veinte mil. Si a ellas se añade el suelo residencial disponible para promociones privadas, que deberá contener también reservas de vivienda protegida, la cifra potencial de construcción de vivienda asequible podría aumentar acercándose a las doscientas mil. Pero todo esto no se puede hacer sin dinero, sin flexibilidad normativa y sin un gran acuerdo político y social. Vamos por partes.

En cuanto al dinero, por primera vez en la historia, los presupuestos no-nacidos del gobierno del president Aragonés disponían 1.200 millones de acuerdo con los planes sectoriales de vivienda vigentes. Por fin, casaban planes y previsiones presupuestarias… pero cómo no, falló la política. Si yo pudiera influir en ellos, les diría que la “financiación singular” a negociar con el gobierno español podría ser, por ejemplo y además de para otros fines, doblar la cifra anual prevista por el presupuesto catalán y multiplicarla por cinco, para ejecutar hasta 2040 la construcción de vivienda de alquiler en los suelos disponibles fijados por el plan director metropolitano.

En cuanto a la flexibilidad normativa, aquí convendría tomar cuántas medidas sean necesarias para aliviar procedimientos de ejecución y construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta la emergencia en la que se ha convertido el acceso a la vivienda. Se trata de hacer viviendas de alquiler, buenas, bonitas y baratas. O sea, prácticas. Y se trata de aprobar planeamientos exprés sólo para los suelos disponibles que ya se conocen, y sacarlos del bombo de la gran planificación metropolitana que veremos -quizás- aprobada en los próximos años. Y ejecutada no sabemos cuándo.

En cuanto al gran consenso político, no podemos permitirnos el lujo de no tenerlo. Y a mí me da igual la sigla del partido del gobierno que haga posible un plan de choque para construir vivienda. Sólo espero una reacción a lo obvio, en forma de política pública con impacto real.