Hace tiempo que las grandes ciudades dejaron de ser reductos acotados y amurallados. Su expansión natural, su crecimiento, irradia hacia crecientes entornos regionales formando auténticas conurbaciones que, de no ser planificadas y gestionadas, generan grandes disfunciones, problemas de movilidad, políticas contradictorias, crecimiento de la desigualdad y el mantenimiento de zonas de degradación y exclusión.

El nacionalismo catalán, tan apegado a los valores rurales, entendió siempre el gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), como un contrapoder de cultura urbana y de izquierdas a la visión pujolista de una “Catalunya endins” basada en valores y objetivos de la menestralía de reminiscencias carlistas.

Pero, aunque se debilitara el protagonismo de la AMB, que no fue restituido hasta el gobierno de José Montilla de 2010, el carácter metropolitano de la capital se fue expandiendo, como lo hacían todas las pujantes ciudades europeas. Situados hoy en día, los instrumentos de gestión regionales resultan insuficientes y, de hecho, la propia configuración establecida ya no se ciñe a la realidad. Y es aquí donde el Círculo de Economía, entidad que combina el carácter de lobby y de think tank de la burguesía actual -que no es ya la de antaño-, ha puesto no solo el problema encima de la esa, sino que ha elaborado un documento bastante completo sobre la necesidad de actualizar el carácter metropolitano de la ciudad y su peso en el conjunto de la economía y de la sociedad catalana. De hecho, ya en 1973, fue quién exigió la necesaria consideración y gestión metropolitana de una ciudad en plena expansión durante el tardofranquismo.

Cincuenta años después, el territorio de la AMB, con 36 municipios y 3,2 millones de persones es solamente una parte de la conurbación real. Además, no dispone de atribuciones de gestión directas en un marasmo y dispersión en 115 instrumentos de cooperación diferentes y tener que lidiar con municipios, consejos comarcales, veguerías, Diputación de Barcelona, Generalitat... Se impone una simplificación a la vez que una delimitación más amplia y realista del fenómeno metropolitano barcelonés. La Región Metropolitana real la forman ya 135 municipios y 5 millones de personas que, en la perspectiva 2030, llegarán a los 200 municipios y 5,4 millones de ciudadanos. De hecho, solo quedan al margen y aún solo relativamente las comarcas de la Catalunya Central, aunque en realidad la tercera corona metropolitana ya ha legado a Vic o a Manresa. Estamos hablando pues del 90% de los habitantes de la provincia de Barcelona y del 70% de la población de Catalunya.

Habría que superar anacronismos y simbolismos que institucionalizan el territorio y construir elementos de planificación y gestión efectivos, realistas, que puedan dotar a un país tan fragmentado en su estructura municipal, de ámbitos supramunicipales de decisión y de gestión del espacio.

La vivienda resulta un tema que, sin ninguna duda, hay que afrontar más allá de fronteras locales. Hay carencia evidente de oferta de alquiler y de compra a la vez que un cierto reequilibrio de precios entre la “ciudad turistificada” y su periferia. Hay que planificar el suelo urbanizable, así como las diferentes tipologías de oferta que se requieren, como también poner coto a los problemas de gentrificación y uso turístico del parque de viviendas existente.

Hay que afrontar de manera regional el tema de la movilidad y el colapso circulatorio que implica que el 40% de los desplazamientos en la Región Metropolitana actual se continúen realizando en vehículo privado. Faltan infraestructuras ferroviarias y un sistema de conexión intermodal que supere la siempre insuficiente red de tráfico que provoca problemas de contaminación insostenibles. También habría que establecer políticas de promoción económica consensuadas, unificadas y coherentes. Para esto la escala es realmente importante, como han entendido las regiones metropolitanas de Londres, París o Stuttgart. En la región barcelonesa, hay más de treinta instrumentos locales de promoción económica. No se coordinan los servicios de atracción del talento ni las políticas municipales de ocupación. Hay que establecer un escenario de futuro, cómo y en qué se focalizan los proyectos de reindustrialización, a la vez de dónde se ubican de manera racional y no en competencia entre ayuntamientos. También establecer hasta dónde puede llegar o no el impacto del sector turístico.

Finalmente, una buena planificación y gestión metropolitana debe servir para combatir la desigualdad social y económica existente dentro de la misma región. Se requieren de políticas reequilibradoras entre los barrios nobles y turísticos del centre de Barcelona, con los barrios empobrecidos de la propia ciudad y con el carácter de extrarradio de muchas poblaciones limítrofes.

Los presupuestos públicos indican una tendencia al aumento de la desigualdad. Mientras el ayuntamiento de Barcelona destina 2.243 euros por habitante al año, Badalona solamente dispone de 916 euros. Se impone políticas fuertes de rehabilitación integral de barrios.

La recuperación de la Ley de Barrios por parte del gobierno de la Generalitat va en este sentido y resulta un buen inicio. Así, el documento “La hora de la Barcelona Metropolitana” del Círculo resulta pertinente no solamente para reiniciar del debate político sobre el “hecho metropolitano”, sino para tomar decisiones legislativas y ejecutivas al respecto. Se requieren de instrumentos actualizados, pero, sobre todo, de la simplificación de niveles de administración que actúan sobre ello.