En estos momentos, quien tenga un piso en Barcelona del que no haga uso y desee obtener un rendimiento, dispone de varias opciones; básicamente, tres.

Si lo alquila por lo legal, no obtendrá grandes rentabilidades, sobre todo si lo acaba de adquirir o se empeña en calcular el retorno con relación al precio de mercado, aunque lo haya heredado o lo comprase hace 30 años. Un ejemplo. El índice oficial marca una renta media de alquiler de 1.200 euros mensuales para una vivienda de 100 metros cuadrados, en perfecto estado, en el Eixample, con plaza de aparcamiento y conserje. Esa renta supone el 3% de 480.000 euros, el mismo interés que está dando el bono a 10 años, que durante tanto tiempo se tuvo como modelo comparativo para el alquiler de viviendas.

El propietario también puede tratar de alquilarlo por la brava, mediante un contrato temporal, no residencial, retorciendo la ley con el objetivo de sacar el máximo posible de su patrimonio –hasta tres veces más que quienes optan por la legalidad– con los riesgos que conlleva. Y, finalmente, puede retirarlo del mercado a la espera de mejores tiempos o venderlo y que sea otro el que luche contra los elementos.

Acabamos de saber que en el segundo trimestre del año, los contratos de alquiler residencial han caído un 23% en Barcelona –17% en las cuatro provincias– debido a que los tenedores han preferido la trampuya de la temporalidad, según sospecha la consellera Sílvia Paneque, o quizá porque se han decantado por la tercera opción, como parece indicar que la oferta de pisos en venta haya aumentado.

El Govern, no obstante, prefiere fijarse, y con razón, en que la evolución del precio de los alquileres registrados en el Incasòl durante ese periodo –el primer trimestre con la limitación de rentas en 141 poblaciones catalanas tensionadas– ha descendido un 5% respecto al trimestre anterior –5,2% en el caso de Barcelona–. No son cifras para tirar cohetes, pero significativas en una escalada como la que vivimos desde hace tanto tiempo y quizá anuncien una tendencia.

Lo prudente es tomar un poco de distancia y esperar los datos de periodos más dilatados. Mientras tanto, lo lógico es que el precio de la vivienda se resienta y refleje el aumento de la oferta y la caída de su rentabilidad.

También sería lógico que en el ínterin la Administración reforzara la seguridad jurídica de los caseros. Aunque es posible que en ocasiones se exagere sobre las okupaciones, los impagos y los inquiokupas, llama mucho la atención que desde el Govern se aborde un tema tan importante como el alquiler sin ofrecer alguna razón, alguna excusa, para que los temerosos venzan sus miedos.