El Sindicato de Inquilinas disfrutó ayer de una buena dosis de protagonismo tras plantar al presidente del Gobierno y a la ministra Isabel Rodríguez en la reunión convocada en Moncloa para hablar de la vivienda. Lo que de verdad me ha sorprendido no es el esquinazo de estos señores, sino que el Gobierno los convocara. ¿Acaso saben en Presidencia de quién se trata? ¿O simplemente los habían invitado los socios de Sumar?

Son los herederos de la Plataforma de Afectados (ahora, Afectadas) por la Hipoteca (PAH), una organización en la que hizo sus pinitos como activista Ada Colau. A la vista de que habían errado el tiro y de que el problema de la vivienda no residía tanto en su propiedad, como en su disfrute trocaron el nombre del artefacto por Sindicato de Inquilinos (ahora, Inquilinas).

Ambos coexisten, pero mientras la PAH duerme el sueño de los justos, el sindicato ha tomado una altísima velocidad de crucero hasta convertirse en el interlocutor experto en la materia para los medios de comunicación, tan necesitados de interlocutores exprés. El asesoramiento profesional, las movilizaciones semanales y las protestas por los desahucios constituyen el eje central de la actividad de este autollamado sindicato, del que nadie conoce su base social, su representatividad, cuántos inquilinos militan en sus filas.

Pese a la evidente inconsistencia de la nueva organización, el Gobierno la ha incluido en el grupo de interlocutores con el que hablar de sus planes. Le está bien empleado el desaire de los activistas, que han usado la invitación como altavoz para lanzar unas octavillas: no nos sentaremos con los rentistas, Pedro Sánchez debe rebajar el 50% de los alquileres e incautar los pisos turísticos; además, avisan de una huelga del pago de rentas.

El último punto del rosario de amenazas es muy revelador de su estrategia: ¿quién se dejará influir por un posible impago que abre la puerta al desahucio de forma automática? Pues, el pequeño propietario, o rentista como ellos le llaman, muy tocado por la inseguridad jurídica que rodea los alquileres y que el Gobierno ni siquiera incluye en sus planes. Los activistas saben perfectamente que las empresas disponen de abogados capaces de transformar la ruptura unilateral del compromiso de un contrato en una expropiación en un abrir y cerrar de ojos.

Cabría esperar que en el futuro la Moncloa tenga más acierto a la hora de elegir a sus interlocutores para cuestiones tan importantes como la política de vivienda.