La receta del gurú de Colau para los pisos turísticos: subidas de impuestos y requisarlos

Los comunes tienen una receta infalible para acabar con los pisos turísticos: requisarlos. Es decir, expropiárselos a sus verdaderos dueños. No es una broma, sino una propuesta que ha puesto de actualidad el gurú de los comunes para el tema de la vivienda. Se trata de Jaime Palomera, director del área de Vivienda y Ciudad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Esta entidad es una de las maquinarias de las que los comunes sacan propuestas e ideas con las que acorralar al Ayuntamiento socialista que preside Jaume Collboni.

La vivienda (junto con el turismo y el transporte), forma parte del tridente de áreas sensibles que los comunes tienen encima de la mesa para presionar al alcalde. Y en esa estrategia la figura de Palomera se ha tornado clave. El gurú de Ada Colau en esta materia afirma que Catalunya, según la OCDE, “es uno de los países con más viviendas por habitante”. Sostiene que hay 418.000 viviendas vacías y “50.000 viviendas secuestradas por el mercado turístico”. En Barcelona ciudad, subraya, hay una de cada 10 viviendas vacías y es de la opinión de que “el mercado quiere que se haga vivienda pública en las periferias de la ciudad y quiere un modelo de país sostenible”.

El mito de Bruselas

Su última propuesta, que ha recogido la líder del grupo de los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, en las redes sociales, es muy simple: “A los millones de pisos turísticos, de temporada y vacíos hay que freírlos a impuestos e incluso requisarlos para ponerlos en alquiler social, como hace Bruselas”. Con millones de pisos, evidentemente, se refiere a toda España, ya que las recetas son similares en Catalunya y en otras partes.

La idea es aplaudida entusiásticamente por el controvertido actor Willy Toledo, que le ha dado su apoyo, a lo que Palomera le contestó: “Quien está destrozando la oferta (y a nuestra sociedad) son fondos buitre y rentistas profesionales, desviándola a mercados cada vez más especulativos. Hay que acabar con eso de raíz”.

Pero los comunes plantean las cosas con trampa. Bruselas no se incauta de pisos por la cara. Lo que hace es “requisar los pisos vacíos, pero las autoridades corren con los gastos de la reforma. Una vez reformados, los ponen en alquiler social. El propietario podrá reclamarlo cuando se amortice el gasto”. Es decir, que los comunes mienten en sus planteamientos. Hay quien se rebela contra las imposiciones: en las redes, le recuerdan a Janet Sanz que “cada uno puede hacer con su propiedad privada lo que quiera, puede venderla, alquilarla o dejarla vacía. El TC ya tumbó el intento de obligar al alquiler social”.

Una moral dúctil

El concepto de legalidad o ilegalidad es muy dúctil para los comunes. Cuando interesa, se exige el cumplimiento estricto de la norma y cuando no, se da luz verde para desobedecer la legalidad. Ocurre con la sentencia que ha tumbado la idea del dentista municipal público. Los comunes aleccionaron a sus activistas en sus foros. “Ninguna sentencia parará el dentista público. Hemos normalizado que el dentista sea privado. Que hacer malabares o pedir créditos para pagar tratamientos odontológicos sea la cosa más normal del mundo. No podemos normalizar que el dinero condicione si recibimos o no la atención médica que necesitamos”, arengó a los suyos. Barcelona en Comú comenzó, así, una campaña de petición de firmas exigiendo un dentista público. “Demostremos que no nos conformamos y que defendemos lo que consideramos básico e irrenunciable: poder cuidar de nuestra salud independientemente del poder adquisitivo”.

Esa maleable moral es la misma que en el ámbito de la vivienda hace criticar con dureza el bono social anunciado por el Gobierno central. Fiel a los principios de la nueva izquierda de los comunes, lo que era positivo cuando lo proponía Podemos o los comunes, es negativo ahora cuando lo proponen los socialistas. “La emancipación es imposible. El bono solo se concede a quienes ya están alquilando. Esto no aborda el problema de fondo, que es la dificultad de los jóvenes para emanciparse”, aduce Palomera. El activista es de la opinión de que el beneficio del bono es para los caseros, no para los jóvenes y que si no se regula el mercado podría darse un aumento incontrolado de precios.

Intervención del mercado

El problema tiene difícil solución. Claro que la intervención del mercado con la requisa de pisos sería una medida que, según cómo se lleve podría paliar la situación, pero habría que saber si ésa es una decisión que roza la inconstitucionalidad. Palomera sostiene que el problema “no se resuelve construyendo mucho” y que quizá “es más viable para la Administración, con el presupuesto que se está manejando, entrar en el mercado y adquirir las viviendas vacías que no construir viviendas nuevas”. El gurú vaticina en el último informe realizado que, “si nada cambia, la mayoría de inquilinos destinará su sueldo al alquiler de por vida: el 70% no espera heredar vivienda. Cada vez más personas son expulsadas de la sociedad de propietarios”.

Palomera es antropólogo, doctor en Antropología Económica por la Universidad de Barcelona y realizó un máster en Estudios Culturales en la Universidad de Londres. Según consta en su currículum de IDRA, “participa activamente en la creación de herramientas para democratizar el acceso a la vivienda y promover la justicia social, como el propio IDRA y el Sindicat de Llogateres. Trabaja con un amplio abanico de universidades y organizaciones internacionales para producir políticas urbanas con capacidad transformadora”.

El currículum oculto 

No dice, sin embargo, que es uno de los cofundadores del Sindicat de Llogateres, una de las herramientas que utilizan los comunes con soberbia maestría para movilizar a la gente en las calles cuando se toca el tema de la vivienda. Palomera había sido su portavoz hace sólo tres años. Esta entidad ha participado en muchas campañas con organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Observatorio DESC, de donde proviene también Ada Colau.

En una entrevista en 2019, se ufanaba de que la participación de estas entidades en campañas a nivel municipal fueron las que lograron que el consistorio que Colau presidía cambiase la normativa urbanística “para que promotores e inmobiliarias destinen el 30% de las nuevas construcciones y las rehabilitaciones integrales a vivienda protegida”. Una norma que más tarde tumbaron los tribunales.

Según fuentes consultadas por Metrópoli, Palomera está también vinculado a la Fundación de los Comunes, un laboratorio de ideas con equipos de trabajo dispersos por Navarra, Barcelona, Madrid, Zaragoza y Málaga. Su objetivo es generar un nuevo modelo institucional, crear “centros de pensamiento y acción críticos que sirvan de palanca de cambio a través de ideas motoras y de prácticas efectivas de nuevas formas de vida” y constituir “un polo de anunciación crítica, solvente y documentado que ponga en circulación nuevos paradigmas de interpretación de la realidad y nuevas propuestas de transformación”.

La propia IDRA es, en realidad, un subterfugio que está en manos de La Hidra Cooperativa, otro de los conglomerados sociales creados por los comunes para tejer complicidades en las calles. En otras palabras, que pese a su rimbombante nombre, es sólo un chiringuito más en manos de una formación política.