El distrito del Eixample acumula 45 “casas Orsola”. Lo explicaba con todo detalle Carla Stavraky en estas mismas páginas, con números de la Asociación de Vecinos del distrito. Otros 45 inmuebles comprados desde 2017 para transformar sus alquileres convencionales en pisos turísticos primero, alquiler de temporada después. Pero es difícil que el Ayuntamiento de Barcelona pueda repetir con ellos la operación de la Casa Orsola.
Supondría destinar 414 millones de euros, en el mejor de los casos, a políticas de vivienda sólo en uno de los distritos de la ciudad.
El presupuesto presentado por el equipo de Jaume Collboni para 2025 destinaba 200 millones de euros a la construcción y ampliación del parque público de viviendas. Al que se sumaban otros 60 millones de euros del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB).
Una cifra sustancialmente mayor a los 166,4 millones de euros de las cuentas de 2024, que son las que siguen vigentes, porque los Comunes tumbaron los presupuestos de 2025. Y aún así, insuficientes para reproducir la “operación Orsola” indefinidamente.
La compra de este edificio del Eixample no tiene que ver con solucionar el problema de la vivienda en la capital catalana, sino con solucionar un problema político que amenazaba con enquistarse gracias al apoyo del Sindicat de Llogateres y un número no desdeñable de personajes públicos dispuestos a poner su popularidad al servicio de la causa.
No les critico. Nadie quiere que el centro de Barcelona se convierta en un parque temático para turistas y expats con sueldos muy por encima de los nuestros.
Pero entre un joven expat con sueldo de multinacional francesa y un funcionario con sueldo garantizado, que lleva 20 años viviendo con un alquiler por debajo del mercado en el centro de Barcelona, ahora además en el corazón del eje verde más cotizado de los ideados por Colau, qué quieren que les diga… Ahí andamos.
El Sindicat de Llogateres tiene un problema de conexión con los más vulnerables y expuestos a la crisis de la vivienda, esos que viven en habitaciones, sin contrato y con riesgo de ser expulsados en cualquier momento. Y optaron por una bandera, la de la Casa Orsola, que podía apelar a una franja mayor y más poderosa de la sociedad: esa clase media que se ve amenaza por la pujanza de una ciudad de moda en un mundo globalizado.
Han salvado a Josep, que podrá seguir viviendo en una de las zonas más cotizadas de Barcelona con una renta muy por debajo del precio de mercado, aunque Habitat3 ha advertido ya que le subirá el alquiler. Pero la solución está en la regulación del mercado, como reconocía el alcalde Collboni tras anunciar la compra “excepcional”.
Es un “modelo replicable, pero con recursos limitados” advierten desde el Consistorio, que en diciembre atendió a 300 personas en riesgo de perder su vivienda.
689 familias están en lista de espera para recibir una vivienda a través de la Mesa de Emergencia del Ayuntamiento de Barcelona, según los datos más recientes que ofrece el Ayuntamiento, de mediados de 2024. A todos ellos se les ha aprobado el correspondiente expediente de valoración por vulnerabilidad, pero no hay viviendas disponibles.
Los recursos públicos no son infinitos, y salen de nuestros bolsillos. La vivienda soporta hasta cinco impuestos para quien la compre en Barcelona. IBI y Plusvalía para el Ayuntamiento, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -un 10% cada uno sobre el valor de compra- para la Generalitat; y otro 10% para el Estado en concepto de IVA. Sin olvidar el 23% de la venta en IRPF del año siguiente.
Quizá convertirse en propietario sería algo menos inaccesible si las administraciones públicas no vivieran del mercado inmobiliario casi tanto como esos temibles fondos de inversión que se han convertido en el hombre del saco ideal para argumentar soluciones sencillas a un problema muy complejo.