Este domingo se manifestó en el centro de Barcelona, con un seguimiento modesto, la entidad creada para organizar a los pequeños propietarios inmobiliarios. Se sienten maltratados por un ‘escudo social’ que los ha convertido en responsables de garantizar el acceso a la vivienda de las personas vulnerables.

Con la prohibición de los desahucios mantenida por el Gobierno desde la pandemia de Covid19, son los arrendadores los que cargan con los costes de luz y demás suministros, mientras tienen la obligación de seguir emitiendo facturas que incrementan los costes fiscales de una propiedad por la que no reciben el pago esperado de sus inquilinos. O inquiokupas.

Una normativa de protección al inquilino -escudada en el aumento exponencial de los precios del alquiler- que ha convertido a los pequeños propietarios en el auténtico eslabón débil de la cadena.

“Vendí el piso, yo no vuelvo a alquilar” explicaba Paqui en un artículo publicado por Metrópoli Abierta. La ex propietaria expresaba así el agotamiento de mucho pequeño propietario harto de pagar la fiesta de los de arriba y los de abajo.

Presionados por Generalitat y ayuntamientos para pagar los impuestos y desarmados ante una justicia que, en el mejor de los casos, resolverá su problema en un plazo no menor a 20 meses. Aunque sé de algún caso que se ha prolongado hasta los 6 años.

Paqui no es la única, aunque los únicos partidos que se han dado por aludidos son, aparentemente, PP y Vox. El resto de las formaciones con representación en el Consistorio debieron calcular que, vista la capacidad de movilización de la Asociación de Propietarios, más vale seguir atendiendo a las exigencias del Sindicato de Inquilinos, aunque sea para garantizar a un funcionario público que nada tiene de vulnerable poder seguir viviendo en una finca modernista en el corazón del Eixample por 700 euros al mes de alquiler.

Solo así se explica que el Govern anunciara como medidas de apoyo al acceso a la vivienda las nuevas tarifas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

La gran medida consiste una ‘rebaja’ del 20% al 10% del precio de venta para las cooperativas de vivienda o promotores en el caso de que se destine la vivienda a VPO. Se nota que ese día se sentían generosos los señores y señoras de los Comunes en su negociación con el PSC.

Para que nos aclaremos, esto significa que para un piso de 90 metros cuadrados en Barcelona, cuyo precio medio ronda los 430.000 euros, un comprador privado -esa joven pareja que sueña con un espacio propio para emanciparse y formar una familia, o simplemente para vivir su vida- tendrá que pagar 43.000 euros a la Generalitat en concepto de ITP.

En España el sueldo bruto anual medio de 26.948,87, unos dos mil euros más en Cataluña. Por tanto, solo el ITP supone el sueldo de dos años para cualquier comprador medio.

No hablamos de grandes tenedores. En su caso -a partir de cinco viviendas-, o el de los promotores en busca de suelo urbanizable, el impuesto escala hasta el 20% del precio de venta. ¿Alguien duda de que esos impuestos los acabará pagando el comprador último de la vivienda? O al futuro inquilino, siempre que tenga a bien pagar.

Volvamos a nuestros atribulados propietarios. En España, el mercado de alquiler está bastante atomizado. Aproximadamente el 90% de los pisos alquilados están en manos de propietarios particulares, mientras que el 10% restante pertenece a grandes tenedores, como fondos de inversión o sociedades familiares que poseen diez o más viviendas.

Un porcentaje que ya ha crecido en el caso de Barcelona, al albur de las medidas de protección a los inquilinos, que suelen ser sinónimo de desprotección de los arrendadores -¿no habrá manera de equilibrarlo, asumiendo las administraciones sus responsabilidades?-.

Una mala noticia, porque los grandes tenedores sí saben rentabilizar alquileres turísticos o de temporada, que exigen una inversión en limpieza y mantenimiento imposible de rentabilizar por un piso, pero no para una maquinaria bien engrasada.