Delincuencia, inmigración y política

Hace unos días todos los medios catalanes daban voz a Su Moreno, una dirigente de la CUP que recriminaba al PSC solidarizarse con Palestina por la mañana y reprimir a los manifestantes propalestinos por la noche.

La acusación se producía en medio del vandalismo que actuaba de colofón nocturno de las concentraciones de protesta en Barcelona por la actuación de Israel en Gaza.

Esa actitud de una parte de la llamada izquierda radical, compartida con la boca pequeña por otros grupos, ha tejido en los últimos años una superestructura ideológica acomplejada que lleva a dejar hacer porque mantener el orden y proteger la propiedad privada es negativo, propio de la ultraderecha.

Hay un segundo elemento que se cuela en los discursos sobre la delincuencia que también impide el consenso imprescindible. Al margen de la extrema derecha, en el espacio público –o publicado-- solo se oye la voz de quienes desvinculan delincuencia e inmigración con discursos que usan los datos para sostener lo contrario de lo que estos evidencian.

¿Cómo se puede negar esa relación exhibiendo las estadísticas oficiales? En 2022, el 74% de los delitos registrados fueron cometidos por españoles. Si el 14% de la población total del país --la que había nacido fuera-- protagonizó el otro 26% de esos sucesos, es evidente que la tasa casi dobla la que correspondería desde una perspectiva neutra.

No pasa nada por admitirlo. ¿Dónde hay más posibilidades de que se produzca delincuencia robagallinas, que es la que genera la inseguridad? ¿Entre la gente pobre o la rica? Reconocer esa realidad no es un discurso de odio o una actitud racista. Es identificar un problema, y quizá apuntar su origen, algo imprescindible para ser abordado.

Si consiguiéramos trabajar con datos objetivos y sin complejos, sería más fácil enfocar la cuestión. Los alcaldes de toda Cataluña, especialmente en la zona metropolitana, han dado un paso al frente para exigir mecanismos que permitan luchar contra una delincuencia que envenena la convivencia en sus municipios.

Xavier García Albiol, de Badalona, fue el primero en llamar la atención con su peculiar estilo. Núria Parlon, de Santa Coloma y ahora consellera de Interior, hizo lo mismo de una forma menos vehemente, pero muy clara.

La inseguridad se ha hecho tan presente que los ayuntamientos, al margen de colores políticos, tratan de hacerle frente. Lo lógico sería que sus partidos se pusieran de acuerdo para promover y aprobar modificaciones legales que agilicen la lucha contra la multirreincidencia y la burla sistemática de las leyes; que renunciaran a usar una cuestión tan sensible como materia electoralista.

De lo contrario, llegaremos tarde; es decir, ayudaremos a los extremistas.