Turistas en Barcelona
El destino del impuesto turístico, una gran oportunidad para “un turismo mejor para todos”
"En definitiva, el reto no está en cobrar más para atacar al turismo, sino en gestionar mejor los recursos para que sea sostenible"
El impuesto turístico se aprobó en 2012, en un contexto de grave crisis económica que afectaba a las finanzas de la Generalitat. Nació con un doble objetivo: por un lado, contribuir a reducir el déficit presupuestario y, por otro, garantizar recursos para invertir en la promoción y el desarrollo del turismo, considerado entonces un sector estratégico para la economía catalana.
Tras intensas negociaciones entre el sector público y privado, este último aceptó el nuevo tributo con una condición clara: que su recaudación se destinara al propio turismo, y especialmente a la promoción turística. Con el tiempo, el impuesto adoptó una finalidad turística y se convirtió en un instrumento para mejorar la competitividad del destino. Era una fórmula equilibrada, basada en la corresponsabilidad.
El anuncio del Govern, de duplicar el impuesto turístico en los próximos cuatro años, permitiendo a los municipios aplicar recargos adicionales, supone una ruptura total con el espíritu fundacional de la tasa. Asimismo, la ampliación de los supuestos y acciones a los que se podrá destinar la recaudación alejan esta medida de su razón inicial, impulsar y optimizar el sector para hacerlo más sostenible y competitivo.
Es evidente que con el incremento del impuesto, este deja de tener un propósito turístico para convertirse en una medida meramente recaudatoria con objetivos muy alejados de impulsar y optimizar el sector, sino más bien ahuyentarlo.
La subida ahogará a muchos visitantes que no podrán permitirse visitar Catalunya, especialmente a las propias familias catalanas, muchas de las cuales no podrán pasar sus vacaciones en los alojamientos turísticos catalanes.
De igual manera, la subida anunciada se suma a una presión fiscal creciente sobre el sector turístico: incremento del IBI, tasas a los autocares, restricciones operativas… Y un sector no se vuelve sostenible por incrementar su carga fiscal, sino por dotarlo de las herramientas necesarias para equilibrar su relación con la ciudad, el territorio y sus residentes. Competitividad y sostenibilidad han de ir necesariamente de la mano.
Respecto al destino de la recaudación y su posibilidad de aplicarla a múltiples acciones más allá de las propias del turismo, ponen de manifiesto, en mi opinión, las continuas contradicciones y ausencia de una política turística coherente.
No tiene sentido estar constantemente invocando las externalidades negativas del turismo, como hacen determinadas administraciones para, posteriormente, proponer un incremento del impuesto turístico con el único ánimo de penalizar al sector y destinar su recaudación a acciones que nada tienen que ver con la actividad turística.
¿No sería más coherente destinar el impuesto turístico a reducir las externalidades del turismo? Mejorar la movilidad y la accesibilidad, las comunicaciones en el territorio para fomentar la descentralización, incrementar la seguridad y la limpieza, mantener en condiciones óptimas el territorio, rehabilitación y conservación del patrimonio cultural o impulsar una agenda en tiempo real que oriente al visitante sobre qué ver, cuándo y cómo a fin de evitar grandes concentraciones en un mismo recurso?
También la tecnología y la innovación en turismo requiere de grandes inversiones. ¿Para cuándo una herramienta que involucre a los locales en el diseño de experiencias en el territorio, que facilite a nuestros visitantes itinerarios personalizados en función de sus requerimientos, facilitándoles opciones auténticas y desconocidas? Ya existen herramientas en esta dirección, ¿por qué no las integramos?
A ello se suma otra cuestión de fondo: la falta de transparencia. Desde la creación de la tasa turística se han recaudado más de 500 millones de euros. Sin embargo, no sabemos con claridad a qué se han destinado. Con esa cantidad podrían haberse financiado mejoras sustanciales en Rodalies o políticas de vivienda vinculadas a la movilidad metropolitana.
Los ciudadanos aceptan pagar impuestos cuando perciben que su esfuerzo se traduce en resultados. Pero si el destino de los fondos es opaco o se utiliza con fines distintos a los anunciados, el impuesto pierde legitimidad. Y con él, también se erosiona la confianza entre el sector turístico y la administración.
El impuesto turístico puede ser una herramienta útil y justa, siempre que se mantenga fiel a su objetivo original: reinvertir en el propio turismo para hacerlo más sostenible, accesible y competitivo. Convertirlo en un recurso recaudatorio al servicio de otras políticas pone en riesgo un sector clave para la economía catalana y para el bienestar de miles de familias.
En definitiva, el reto no está en cobrar más para atacar al turismo, sino en gestionar mejor los recursos para que sea sostenible. Una sostenibilidad que no se impone; se construye con visión, coherencia y corresponsabilidad.
Marian Muro, directora general de Apartur
