Marroquíes a su llegada a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta
El silencio barcelonés ceutí
"No nos llamemos a engaño. Tras entrar ilegalmente en Ceuta, intentarán llegar a la península o directamente serán "recolocados" por el Gobierno entre las distintas Comunidades de España. Si no es por cupo o por su posterior voluntad, no pocos arribarán a Catalunya y, por ende, a Barcelona"
Barcelona y Ceuta están separadas por 1.100 kilómetros de distancia. Hay quien puede pensar que lo que suceda en la ciudad ceutí --de soberanía española desde hace más de 500 años, centenares antes del nacimiento del Estado de Marruecos-- es ajeno a nosotros. En el asalto a la valla es obvia la obligada sensibilidad a todo drama humano, pero también la de impedir que algunos se aprovechen del mismo para hacer del delito su hábito de vida en España.
También es constatable la irresponsable actuación del Gobierno sanchista, que no supo prever ni impedir la invasión, así como la del Reino de Marruecos que la consintió, por acción u omisión, cuando no la alentó.
De una manera u otra, con regularización extraordinaria o sin ella, la inmigración irregular arraiga en España. Entre ésta incluyo a los denominados menas (menores extranjeros no acompañados). En Ceuta son más de 2.000, un millar ya existente antes del asalto último a la cerca, más otro millar, al menos, de menores colados entre los 80.000 que lo hicieron en este episodio.
No nos llamemos a engaño. Tras entrar ilegalmente en Ceuta, intentarán llegar a la península o directamente serán "recolocados" por el Gobierno entre las distintas Comunidades de España. Si no es por cupo o por su posterior voluntad, no pocos arribarán a Catalunya y, por ende, a Barcelona. Tienen padres y nacionalidad. A ellos les corresponde su protección y a España reclamársela, no sustituirla.
Ante este desbarajuste, sorprende el silencio del Ayuntamiento y el de los socios catalanes de gobierno de Pedro Sánchez, los comunes, integrados en la Sumar de Yolanda Díaz. Unos comunes que bajo la batuta de Gerardo Pisarello son, a su vez, los socios preferentes, junto a ERC, del alcalde Jaume Collboni.
La locuacidad de antaño de los comunes, promoviendo el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca (CIE), es ahora un silencio atronador desde que gobiernan España. Un CIE al que la exalcaldesa Ada Colau calificaba de cárcel mientras el consistorio subvencionaba, y sigue haciéndolo, a entidades que alentaban el cierre del CIE y dan pleno respaldo a la inmigración irregular.
La lejanía geográfica entre Barcelona y Ceuta o Melilla, no impide la proximidad ante un sentimiento español compartido y de preocupación ante las consecuencias de la inmigración ilegal en cuanto a las políticas sociales y de seguridad ciudadana. Acarrea problemas, requiere soluciones y precisa de recursos humanos y materiales.
Adiciónese que Sánchez ha promovido una regularización en nuestro país de 1,3 millones de inmigrantes irregulares, de los cuales no menos de 250.000 en Catalunya. Conlleva un efecto llamada de futuros ilegales y una consecuencia multiplicadora de recursos para hacerle frente.
El alcalde Collboni deberá explicar de qué manera estas afluencias no afectarán al ya precario estado de demasiados servicios públicos. Evitar su impacto en la seguridad ciudadana. Detallar cómo afrontar su refuerzo y de donde saldrán los ingresos necesarios para encarar el gasto público social que representa.
Su silencio es elocuente. Su respaldo a Sánchez le convierte en su primer edil en toda España y en el último defensor de los intereses de Barcelona. El alcalde ha dado la salida del Tour y saludado la entrada de la inmigración irregular respaldándola o mirando hacia otro lado. De la primera hace gala. De la segunda, calla.
El socavón inmediato en seguridad y en atención social será notable, y responsabilidad de aquellos que no hicieron frente a tanta avalancha de ilegalidad que requerirá un aluvión de recursos municipales y representara un menoscabo de servicios públicos. Al tiempo.
