La PAH reprocha a Colau la falta de mano dura con los pisos vacíos

Tras sortear el ecuador del mandato, al equipo de Ada Colau le ha tocado enfrentarse a los predecibles (aunque no por ello menos incisivos) balances de legislatura, tanto por parte de la oposición como de sus socios de gobierno. Ahora, el análisis de estos dos años llega desde la calle de la mano de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que la propia alcaldesa fue anteriormente portavoz. El objetivo del 'examen', explican desde la entidad, es “valorar los avances, señalar las faltas -algunas incomprensibles-, y marcar los retos de los próximos dos años”.

Entre los puntos destacados de su análisis, la PAH critica que, a día de hoy, el gobierno de Colau “solo haya puesto cuatro multas por pisos vacíos”. Como recuerda la plataforma, los 'comuns' incluyeron en su programa electoral la aplicación de esta medida que contempla la Ley catalana de derecho a la vivienda de 2007, que permite sancionar el incumplimiento de la función social de la vivienda, como ocurriría con aquellos inmuebles injustificadamente inhabitados durante dos años. Desde la asociación afirman “no entender” que, ante la impasividad de la Generalitat en esta materia, el gobierno municipal no haya puesto mano dura sancionando las 2.685 viviendas propiedad de la banca que llevan este tiempo (o más) en desuso.

Así mismo, la asociación también reprocha que a estas alturas del mandato solo se haya elaborado el censo de pisos vacíos prometido en cuatro barrios de la capital catalana. Desde la PAH han insistido en que el Ayuntamiento debe poner todos sus recursos en la elaboración del censo municipal durante los próximos seis meses y sancionar toda la vivienda vacía de gran tenedor durante el próximo año y medio de mandato. “La aplicación de esta medida puede tener un impacto muy importante en la ampliación de parque público de vivienda”, alertan, a lo que se le debe sumar la recaudación proveniente de estas sanciones que, por ley, debe destinarse a políticas públicas dirigidas a esta misma materia.

En este sentido, la PAH califica de “migajas” los resultados de las negociaciones entre el Ayuntamiento y las entidades financieras y valora negativamente los convenios alcanzados entre ambas partes, ya que considera que suponen “una ampliación temporal del parque público que después vuelve a manos de la banca con el valor añadido de las rehabilitaciones hechas con recursos públicos”.  

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA

Durante el balance de estos dos años, el portavoz de la PAH, Carlos Macías, ha lamentado que actualmente en Barcelona se produzcan más de diez desahucios al día, así como el incremento en un 24% de los precios de alquiler durante estos dos últimos años. Por eso, desde la plataforma han insistido en que el objetivo de la capital catalana debe ser el de alcanzar la media europea de parque público de vivienda, que se sitúa entre el 15-18%, una cifra todavía muy lejana al 1% que suma la capital catalana.

No todo han sido críticas hacia estos dos años de mandato. Desde la PAH también aplauden la creación del servicio de mediación en la pérdida de vivienda y ocupaciones por su "carácter preventivo" y lo consideran un "cambio de paradigma" por parte de la administración. Por eso, han destacado que este servicio ha logrado parar 1.300 desahucios durante el último año, aunque han pedido más efectivos para que ninguna familia quede desatendida.

Además, desde la PAH también han reconocidoel mérit de la renovación del protocolo de la mesa de emergencia, así como el hecho de que actualmente atienda también a las ocupaciones en precario, hasta ahora "condenadas al círculo vicioso de desahucio-ocupación-desahucio".

Con este balance que no han querido reducir a un aprobado o suspenso, la PAH ha pedido “hechos y no palabras” porque “hay vidas en juego”. Por delante, dos años de mandato más en los que los 'comuns' deberán afrontar los retos habitacionales de Barcelona con contundencia en la aplicación de las medidas sancionadoras, la creación de cooperativas de vivienda y la cooperación con la Generalitat, entre otras de las sugerencias que les lanza la plataforma ciudadana.