La portavoz de la plataforma Airenet, Silvina Frucella, ha anunciado que el juzgado número 5 de Badalona ha aceptado a Airenet como acusación particular en la denuncia de Fiscalía por presunto delito ecológico contra la incineradora Tersa. Además, el jurista Jufresa reclamará la imputación de la concejala Janet Sanz por su “gestión mafiosa” contra los empleados y no se atreven a denunciar prácticas muy graves. También está imputado en esta causa el inservible concejal Eloi Badia. Frucella ha manifestado que la lucha judicial entre Airenet y Tersa es como la de David contra Goliat, pero que la plataforma que preside no parará hasta que se cierre para siempre una incineradora contaminante que, a pesar de los informes en su contra de la Unión Europea y la sanciones de la Generalitat, se niega hasta a instalar sistemas de medición ambiental.
Según los datos que aporta Frucella, que se define como activista de la justicia climática, la incineradora de Tersa deja cada año unas veinte mil toneladas de cenizas tóxicas y cancerígenas, por eso considera que Airenet es “el vivo movimiento que dijeron que querían ver en la ciudadanía”, refiriéndose a los fanáticos, fervientes y fundamentalistas Janet Sanz y Eloi Badía. Como Tersa es una empresa pública Gestionada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona que gasta dinero público, Frucella defiende que los contribuyentes tienen el derecho a respirar aire puro, y Sanz y Badia la obligación de cumplir con la ley, por muy antisistema que digan ser.