Marc Serra Solé, concejal de Barcelona en Comú, ha vuelto a situarse en el centro de la controversia. Esta vez, por su papel en un fallido intento de censura judicial contra Metrópoli Abierta. La reciente desestimación de su demanda contra este medio subraya no solo un desperdicio de recursos municipales, sino también una preocupante tendencia hacia la represión de la prensa libre.
El trasfondo de esta querella reside en una publicación de Metrópoli Abierta que destapaba la asignación de fondos municipales a una cooperativa donde trabaja la pareja de Serra durante la administración de Barcelona en Comú. Serra optó por la vía judicial, demandando una rectificación completa, un movimiento percibido como un intento de silenciar a sus críticos.
Conocido por su actitud arrogante y su adicción a Twitter, Serra ha demostrado una vez más su inclinación por la confrontación. Y no es de extrañar. Muchos de los concejales del resto de partidos municipales lo califican como uno de los ediles más “chulescos” y “prepotentes” de los comunes. En el distrito que gobernó el pasado mandato, Sants-Montjuïc, aún recuerdan su gestión del episodio de la funeraria San Ricardo, que generaron descontento y polémica entre los residentes del barrio afectado.
La derrota judicial de Serra no es solo un revés personal para él, sino una señal alarmante de cómo algunos políticos están dispuestos a utilizar los recursos del estado para perseguir agendas personales contra medios críticos. Esta práctica socava los principios de una prensa libre e independiente, esencial para cualquier democracia saludable.
Este incidente debe servir como un recordatorio para nuestros lectores y para la ciudadanía en general sobre la importancia de proteger el periodismo frente a ataques infundados y de mantener a nuestros funcionarios públicos bajo una vigilancia constante. La libertad de prensa es un pilar de la democracia, y ataques como el de Marc Serra no deben tomarse a la ligera.