Valentín Alonso Soroa lleva más de 17 años al frente del grupo Avanza, una de las compañías más conocidas en España del sector del transporte en autobús con especial incidencia en la comarca metropolitana del Baix Llobregat.
Integrada en la UTE Avanza Baix, la compañía gestiona un total de 32 líneas que transportan día sí y día también a decenas de miles de usuarios por los municipios de la comarca, pero también hasta el aeropuerto de Barcelona y hasta la capital catalana.
Y con toda la responsabilidad que eso conlleva, la empresa, propiedad del mexicano Grupo ADO, no ha sido capaz en años en garantizar un bienestar mínimo entre los trabajadores. Prueba de ello son las incontables huelgas del transporte público en los últimos dos años.
La última, de hecho, ya ha comenzado esta misma semana y se esperan nuevos parones en varios días de la que viene. Si en las protestas de 2022 los trabajadores ponían el foco en el mal estado de los autobuses y el servicio --un problema que la empresa ha logrado estabilizar tras incontables avisos de empleados y usuarios--, ahora es una mejora de las condiciones laborales la principal reclamación.
Más días de descanso, salarios dignos y una actitud proactiva por parte de la empresa para encauzar una situación son necesarias para darle a una de las comarcas más pobladas de Catalunya un mejor servicio de transporte público.
La plantilla ya amenazó --y cumplió-- con varias huelgas a lo largo de 2023 y en 2024. Ahora insiste pues, parece, que en la empresa lo único que avanza es el nombre. Por lo pronto, todavía quedan cuatro jornadas de huelga en octubre. Y todo apunta a que no será la última.