Jordi Martí
La realidad es tozuda. Es muy difícil remar en dirección contraria. La medida de la reserva del 30% para vivienda pública en las promociones inmobiliarias en Barcelona ha cosechado un sonoro fracaso. ¿Hay que insistir en ella? No en el porcentaje, pero sí en cómo lograrlo. En esa posición está Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona, y también Jordi Martí, el presidente del grupo municipal de Junts per Catalunya.
Martí ha movido ficha. Tiene claro que todo depende de la voluntad de Collboni. Si él quiere, si desea llegar a un acuerdo, Junts estará en la mesa de negociaciones. El propio alcalde lo dejó claro este pasado viernes, al descartar a los comunes, que rechazan que esa medida se pueda flexibilizar, concentrando las viviendas públicas en determinados edificios.
Collboni pidió a los comunes que cambien su posición. “Bajen del burro”, espetó a Janet Sanz, la concejal del partido de Ada Colau.
Pero Collboni todavía se lo piensa. Martí, en cambio, ha puesto sobre la mesa las condiciones de Junts. Plantea la reclamación a la SAREB de los 823 activos inmobiliarios que posee en Barcelona y ofrecer préstamos municipales del 20% para la compra de una primera vivienda, aunque en este caso se debería contar con el ICF, el Institut Català de Finances.
También pide reducir el IBI, algo que los socialistas rechazan por completo.
Lo que está claro es que en este mandato no hay otra suma posible. PSC y Junts podría sacar adelante la reforma del 30%. El sector inmobiliario la está esperando. Se pueden movilizar muchos recursos y energías si la administración se pone las pilas.
¿A qué espera el alcalde Collboni?
