Nadie parece saber nada sobre el futuro de Palo Alto. El Ayuntamiento anunció hace meses que iba a poner en marcha un proceso para la adjudicación de la gestión del centro, creado y potenciado durante años por la Fundación Palo Alto, ya que en abril de este año se acababa la concesión actual.
Sin embargo, el Ayuntamiento todavía no ha concretado las condiciones alas que deberá adaptarse la nueva concesionaria, aunque el pasado mes de diciembre adelantó de manera muy general algunas de sus intenciones. Entonces se dio un plazo de 12 meses para acabar de concretar. Y en ese periodo de tiempo ha hecho una aparente consulta popular a la que los vecinos casi no han hecho ni caso.
Esta situación de indefinición ha dejado a los actuales ocupantes del espacio en un limbo, ya que su futuro en el recinto va a depender de las condiciones que les imponga la próxima concesionaria, tanto en lo referente o la ocupación del espacio como a los nuevos precios que van a regir en los alquileres.
Todo ello ha generado un cierto nerviosismo entre algunas de las empresas y estudios que ocupan los espacios del recinto, tal y como reconoce una persona cercana a la fundación que ha gestionado el Palo Alto durante los últimos 20 años. Aseguran que están viviendo tiempos de incertidumbre e inseguridad, ya que desde el Ayuntamiento se ha tardado demasiado tiempo en poner en marcha el proceso. De hecho, la Fundación Palo Alto continúa gestionando el recinto gracias a una prórroga, que acabará cuando culmine el actual proceso para la nueva concesión... aunque esto tampoco tiene una fecha definida, por lo que la prórroga se podría alargar.
PRIMERAS SALIDAS
Sin embargo, algunos de los estudios que han permanecido en el recinto en los últimos años han decidido no esperar a la culminación del proceso y empezar a buscar una nueva ubicación para continuar con su proyecto. Consideran que con los actuales gestores del recinto saben a qué atenerse, cuáles son las exigencias y cómo pueden afrontarlas, algo que desconocen respecto a los próximos gestores. Y antes de tener que ir con prisas para buscar una nueva sede para su empresa, han optado por iniciar la búsqueda cuanto antes y abandonar el recinto de Palo Alto en el momento en que encuentren el lugar adecuado para reinstalarse.
Además, algunos de los residentes ven con cierta preocupación el hecho de que en el nuevo proyecto se establezca que el tiempo máximo de estancia de una empresa o de un estudio sea de cinco años y que su prórroga no dependa del acuerdo mutuo entre las dos partes, sino que dependa de una junta de valoración de proyectos que se guiará por unos parámetros muy subjetivos.
Se da la circunstancia de que los primeros que han hecho las maletas han sido estudios internacionales, algo que está dando muy mala imagen por la manera en que el Ayuntamiento está gestionando este asunto. No quieren que su futuro en el recinto dependa de factores que no pueden controlar y muchos que esos factores tan subjetivos estén en manos de la clase política, por lo que han optado por buscar otro lugar en el que establecerse.
INFLUENCIA DE LAS ELECCIONES
Tampoco genera mucha tranquilidad en el entorno de Palo Alto el hecho de que todo este proceso para la nueva concesión se produzca en pleno periodo preelectoral. Los intereses partidistas pueden influir en las decisiones que se tomen y que afecten al recinto y a la relación entre los arrendatarios y los arrendadores. No se puede olvidar que hay partidos que se han mostrado partidarios de una gestión totalmente pública del recinto, lo que podría cambiar de manera radical el funcionamiento del centro y acabar con el actual centro creativo y de diseño que ha alcanzado renombre internacional.
La influencia que en este asunto puedan tener los presumibles acuerdos de futuro de los partidos que opten a gobernar la ciudad a partir de las elecciones del próximo año es uno de los temas que más preocupan en algunos de los actuales ocupantes del recinto. No olvidan que hasta el momento se han invertido casi cinco millones de euros en la reforma y adecuación del recinto durante los últimos 20 años, a una media de unos 250.000 euros anuales, y que todos ellos han sido aportados por la iniciativa privada. Y habrá que ver cuál es la disposición de los gestores públicos para mantener la inversión necesaria en la rehabilitación y mantenimiento del recinto, sin contar con la que se debe hacer para poner en marcha y mantener los proyectos que se establecen en el nuevo plan de usos del recinto.