Los vecinos del Poblenou han exigido al Ayuntamiento que ponga en marcha el procedimiento para trasladar de forma definitiva el centro penitenciario de mujeres de Wad Ras. Quieren que, al igual que se ha hecho con la Modelo, los terrenos del actual centro penitenciario sirvan para construir equipamientos para el barrio, entre otros viviendas de alquiler social, y esperan que en esta ocasión el Ayuntamiento no deje pasar los plazos y que el plan director vuelva a caducar.
Los vecinos están escarmentados por lo que ha ocurrido en anteriores intentos de cierre del centro penitenciario y no quieren que el asunto se alargue hasta 2025, fecha tope para que se lleva a cabo el actual plan director. Los dos intentos anteriores para derribar el centro penitenciario resultaron infructuosos y los vecinos no quieren que de nuevo ocurra lo mismo.
ACUERDO
Generalitat y Ayuntamiento firmaron el año pasado un convenio por el cual el consistorio cedía unos terrenos en la Zona Franca para la construcción de dos centros penitenciarios, uno de régimen abierto con capacidad para 800 personas, y otro, un centro preventivo y de mujeres, con capacidad para 700 personas.
La reivindicación para que el centro penitenciario del distrito de Sant Martí desaparezca viene de lejos, pero los vecinos siempre han visto como los planes caducaban sin que se atendieran sus peticiones. Hasta ahora, se han presentado dos planes directores para trasladar la instalación penitenciaria, pero ambos han acabado caducando por la inacción de las administraciones, que han dejado pasar el periodo de vigencia, siete años, sin mover un dedo.
“Es un espacio que llevamos reivindicando hace muchos años”, afirma Jordi Giró, presidente de la Associació de Veïns de la Vila Olímpica. “Y siempre hemos visto expectativas, pero al final se ha dejado pasar la oportunidad. Ahora pedimos que se aproveche el tiempo y que se empiece a poner en marcha el proyecto para evitar que vuelva a caducar y se tenga que iniciar todo el procedimiento desde cero, con el retraso de varios años que ello implica”.
CESIÓN DE TERRENOS
La propiedad de los terrenos es de la Generalitat, pero existe un acuerdo para la cesión de dichos terrenos al consistorio, tal y como establece el convenido firmado entre las dos administraciones.
El plan director contempla el destino a que deben dedicarse dichos terrenos una vez se haya derribado la cárcel. Y aquí es donde se producen algunas discrepancias entre lo que se establecen en dicho plan director y lo que proponen los vecinos.
Son estos los que defienden que se deberían introducir algunos cambios en el plan director para permitir la construcción de vivienda social. Por el momento, el plan establece la construcción de un edificio de 22 plantas y los vecinos consideran que se debería replantear el tema de las volumetrías para repartir de distinta manera las construcciones.
Además, los vecinos quieren que el Ayuntamiento se comprometa a construir equipamientos y zonas verdes para el barrio y acabar con algunas de las carencias históricas que arrastra esa zona de la ciudad.
PUESTA EN MARCHA
El temor de los vecinos es que la inacción de las administraciones acabe por frustrar de nuevo los planes de desaparición del centro penitenciario. Por eso, en el Consell de Districte de Sant Martí representantes vecinales hicieron patente su exigencia de que el consistorio dé los primeros pasos de cara a consolidar el cierre del centro penitenciario de mujeres.
Defienden que la parálisis de la administración en este asunto puede volver a poner el marcador a cero. No olvidan que desde principios de siglo se está luchando para lograr el cierre y que por dos veces las administraciones han dejado pasar los 7 años de vigencia del plan director sobre el centro penitenciario. El plan actual tiene como plazo de caducidad el 2025, pero los vecinos no quieren que el paso del tiempo o el cambio de equipo de gobierno vuelva a dejarles colgados.