Multan a una entidad vecinal por colgar un cartel en su fachada

El Ayuntamiento de Barcelona, que ahora encabeza la alcaldesa Ada Colau, ha sancionado a la asociación de vecinos del Clot-Camp de l'Arpa con dos multas de 380 euros cada una por enganchar dos carteles en el espacio público. Según el vocal de urbanismo y secretario de la asociación de vecinos, Miquel Catasús, las sanciones son "injustas y abusivas". Las multas impuestas son por una infracción leve, que implica importes inferiores a 750 euros.

La entidad se queja de que una de las denuncias se la ha impuesto la Guardia Urbana por colocar el cartel en la fachada del edificio en el que tiene la sede, en la calle de Sibelius, 3. La multa es del 4 de mayo de 2018 y recientemente la asociación ha recibido la confirmación de que tiene que pagar. Catasús dice que el cartel lo colocaron en una pared perpendicular, donde siempre, y hasta ahora ningún otro gobierno municipal les había multado.

SANCIÓN EN EL POBLENOU

La "locura", dice la asociación, no acaba aquí. El colectivo vecinal también ha sido multado por colgar otro cartel, éste a la altura del número 50 en la calle de Tànger, en el Poblenou. En su página web, la entidad asegura que en este emplazamiento nunca ponen pancartas ni carteles porque está fuera de su barrio. Según Catasús, esta infracción el Ayuntamiento se la atribuye en abril de 2018, aunque niega que hayan sido ellos.

Espacio de la entidad vecinal con un cartel debajo que está infringiendo la norma / JORDI SUBIRANA

Las sanciones impuestas son por vulnerar la Ordenanza del civismo. La normativa, en su artículo 23, prohibe la colocación de carteles en el espacio público salvo en los lugares habilitados para ello. Esto incluye el mobiliario urbano y los edificios municipales, salvo que el Ayuntamiento otorgue el pertinente permiso. En el caso de tratarse de propiedades privadas será necesario el permiso del titular del inmueble y del Ayuntamiento si el cartel "vuela sobre el espacio público", es decir si se encuentra en la fachada principal.

Antes de tener la confirmación de que tenía que desembolsar los 760 euros, la entidad vecinal ha propuesto varias soluciones al gobierno de Colau, desde "aprobar una moratoria, alternativas para las entidades, evitar importes abusivos y recaudatorios o modificar la normativa". Pero no se ha hecho nada. La asociación subraya que las multas se las ha impuesto un partido que decía que la Ordenanza era "represiva". 

INTENTO DE REVISAR LA NORMA

La entidad, que ha acabado pagando las dos multas para evitar verse perjudicada por tener deudas con el Ayuntamiento, critica que es habitual que no se persigan muchas vulneraciones de las normativas. "No es aceptable que mientras se toleran y no se castigan muchas infracciones haya recursos y eficiencia para perseguir pequeños casos como éste", ha escrito en su página web.

Nada más llegar a la alcaldía, en junio de 2015, Colau mostró su predisposición ante la síndica de greuges a revisar -incluso se habló de derogar- la Ordenanza de civismo. Sin embargo, cuatro años después nada ha variado por la falta de consenso con el resto de fuerzas políticas. El teniente de alcaldía, Jaume Asens, llegó a redactar un borrador en que enfatizaba la necesidad de rebajar los importes y no perseguir la pobreza, pero no cuajó.