Más de 100 niños del jardín de infancia EBM Pere Calafell de Barcelona han quedado desamparados este nuevo curso escolar. Uno de los cuatro centros escolares que iba a poner funcionamiento el Ayuntamiento de Barcelona este año ha sufrido retrasos en sus obras, lo que ha provocado un caos organizativo para más de 100 familias.
En principio, el centro iba a abrir en septiembre; después, su apertura se prorrogó hasta octubre; y ahora parece que hasta 2024 no estará disponible. El EBM Pere Calafell es el recinto que el Ayuntamiento ideó para suplir al EBM Esquitx, un equipamiento anticuado, con poca capacidad y que no cumple con las medidas básicas de seguridad, según relatan los afectados.
SOLUCIÓN TEMPORAL
Las familias se han indignado al constatar que hasta que los menores no puedan acudir al nuevo centro, se les alojará en el malogrado Esquitx y en la séptima planta del Centre Cívic Sant Martí, un recinto que recibirá muchos más niños de los que puede acoger. "Además, es un espacio con grandes riesgos asociados para los más pequeños: balcones, imposibilidad de evacuación y escasa ventilación", señala uno de los padres.
Ahora, las familias exigen la suspensión de las cuotas mensuales (de 400 euros), disculpas públicas por parte de Departament d'Educació Infantil y de l'Institut d'Educació y una garantía de que el traslado al nuevo centro se realizará con todas las garantías. Además, los padres han lanzado un aviso al regidor del distrito de Sant Martí, David Escudé, para que intermedie en el conflicto y cumpla con las demandas de los afectados.
Asimismo, señalan su recelo respecto a la nueva fecha de apertura acordada. "Este compromiso es una cortina de humo, no es viable por el estado actual de las obras y se querrá alargar hasta el próximo inicio de curso", detallan.
Entrada a la guardería Pere Calafell / Ajuntament de Barcelona
¿Y QUÉ DICE EL AYUNTAMIENTO?
Las fuentes municipales consultadas por Metrópoli aseguran que la responsabilidad recae en la empresa adjudicataria de las obras del nuevo centro, que no ha cumplido con los plazos acordados y quien, de hecho, deberá pagar una multa de 56.000 euros mensuales por ello.
Las familias asumen que ante "la incompetencia" de terceros no se puede hacer nada, pero claman contra la incomunicación. "Hasta dos semanas antes del inicio del curso, y con los alumnos ya matriculados, no se nos ha comunicado nada". Además, exigen que la multa que pague la constructora por los retrasos se use para pagar las elevadas cuotas mensuales, algo que desde el Ayuntamiento "ni se plantean".