Una treintena de vecinos de Sants, junto con miembros de a Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicat de Barri han conseguido frenar el desahucio anunciado de la calle Murillo. Feliciano, el inquilino afectado ha recibido el parte de la jueza casi dos horas más tarde de la prevista. En el documento judicial, ha firmado que se aplaza el segundo aviso de desahucio pero no concreta hasta cuándo. Sí que explica la necesidad de este vecino, su pareja y sus dos hijas menores de recibir una vivienda de protección social. Desde la Oficina de l’ Habitatge del distrito, han solicitado una reunión con la Mesa d´Emergència y el inquilino, víctima del desahucio “para encontrar una solución a la situación”. Dicha petición, coincide con la del consejero técnico de Sants-Montjuïc, Xavier Farrer, de BeC, quien asegura que “después de acceder a una vivienda social provisional, la familia podría solicitar otra vivienda de forma permanente” y asegura que en l´Eixample el parque de vivienda social es insuficiente por lo que el sistema puede trasladar la familia a otro barrio de Barcelona con más oferta de este tipo de viviendas.
Concentración de los vecinos en la calle de Murillo a la llegada de los Mossos d´Esquadra / AO
Feliciano y su familia, se enfrentan, probablemente, a un tercer desahucio sin saber cuándo. Desde el Sindicat de Barris, reclaman “que se frene la amenaza judicial continua” en la que vive Feliciano desde marzo de 2017.
Diez meses que para el letrado del caso, Alejando Llorens “es tiempo suficiente para que el poder público, responsable de esta situación, es quien no debe dejar desamparada a la familia”. Asimismo, el letrado ha reconocido la legítima defensa de la familia ante la inversión immobiliaria de Norvet S.L. en el numero 12 de la calle Murillo. Un fondo de inversión que, según los miembros del Sindicat de Barri “ha venido a Barcelona a ganar dinero comprando edificios con inquilinos, expulsándoles mientras reforman el edificio para luego revender los pisos de lujo que diseñan a clientes que gozan de un nivel adquisitivo muy alto”.
El letrado del caso, Alejandro Llorens y el consejero técnico, Xavier Farrer / AROA ORTEGA
Como Feliciano, hay dos pisos donde aún residen personas en el bloque. Su mejor alternativa ha explicado a Metrópoli Abierta, “es lograr que el ayuntamiento le ceda un piso social que está dispuesto a pagar en forma de alquiler”, como ha hecho hasta ahora. El cambio de vivienda a otro barrio, posiblemente supondría el traspaso escolar de sus hijas. Un trámite ‘remediable’ que, pese a producirse a mitad del curso académico, sería un mal menor en comparación a la situación de incertidumbre que viven desde hace meses.
La misma mañana, tras contener el desahucio de Feliciano, el Sindicat del Barri, se dirigía a una de las calles colindantes con Murillo para realizar otra acción reivindicativa a favor del derecho a la vivienda.
Vecinos contra el desahucio de la calle de Murillo, en Poble-sec / AO
Norvert Property SL. ya ha comprado otras fincas en Poble-sec, así como el edificio de la calle Murillo. En las calles de Margarita, Elkano, Poeta Cabanyes y Mare de Déu del Remei. En todos aplica la misma dinámica: compra, rehabilitación de lujo y reventa. Un hecho al que el ayuntamiento, aún no tiene solución para salvaguardar el derecho a la vivienda de los ciudadanos a unos precios asequibles, pese haber anunciado su empeño por modificar la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) para limitar los precios de alquiler y aumentar el tiempo de renovación de los contratos de tres a cinco años.