Contactaban en chats con homosexuales con la excusa de mantener relaciones sexuales y cuando se presentaban les grababan mientras les humillaban y les obligaban a confesar que eran pederastas, cuando no lo eran. Los vídeos los difundían luego por las redes sociales y algunos se volvieron virales, lo que causó un "daño irreparable en su honor y dignidad con el aparente propósito de que escarmentasen y no volviesen a fijar una cita sexual con ningún joven", si bien todos los acusados tienen edad para prestar consentimiento sexual.
Los hechos ocurrieron en 2013 y la Fiscalía de Barcelona pide ahora penas que van desde dos a 21 años de prisión para cinco miembros del 'Proyecto pilla-pilla', que se originó en Rusia y que los acusados introducieron en España. Uno de ellos contactaba por internet con las víctimas haciéndose pasar por un hombre gay, a veces fingiendo tener 17 años.
Al aparecer la víctima, el principal acusado, acompañado de hasta 20 personas, entre los que se encontraban los otros cuatro encausados, le abordaban mientras lo registraban todo en vídeo "con propósito de atemorizar, humillar y represaliar a los hombres homosexuales", según el escrito de la fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press.
DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES
Al principal acusado es a quien se le pide una pena de cárcel mayor. Él fue quien creó páginas de Facebook y Twitter imitando las del proyecto original, 'Occupay Pedofilya', nacido en Rusia y de clara ideología neonazi. Los hombres juzgados, además, matenían contactos con personas de extrema derecha.
En total se han contabilizado tres víctimas del 'proyecto pilla-pilla'. El fiscal acusa a sus miembros de delitos contra la integridad moral y contra la intimidad. En el momento de la detención de los acusados, las cuentas de Facebook y Twitter que habían creado sumaban 23.115 y 547 seguidores, resectivamente, aunque los vídeos se difundieron también por otros medios como páginas web, blogs o correos electrónicos, según el fiscal.
Además, estos hechos generaron un "estado de alarma social" entre la población LGTBI que temía por su seguridad e integridad, viéndose gravemente afectados en su dignidad colectiva.
El entorno familiar de dos de las tres víctimas tuvieron conocimiento de los vídeos y la tercera grabación se difunció entre más de 50.000 personas, por lo que el fiscal pide indemnizaciones de 31.000 euros para cada una de las tres víctimas, por los daños morales y perjuicios morales derivados de la filmación de imágenes y su posterior difusión.
Las tres víctimas fueron abordadas en las inmediaciones del Hospital de Granollers o en la estación de tren de Les Franqueses del Vallès.