Un mosso d'esquadra que fue 'cazado' grabando con una cámara oculta en los vestuarios a sus compañeras ha seguido en activo sin que los responsables del cuerpo le hayan apartado del servicio. Esta decisión colisiona con la que adoptaron en su día en el cuerpo de bomberos, cuando en un caso idéntico el bombero 'cazado' grabando a sus compañeras en el vestuario fue apartado de manera fulminante del servicio.
En el caso del mosso, los hecho ocurrieron, según publica La Vanguardia, durante 2015. El policía dejaba, encima de las taquillas del vestuario de sus compañeras, una mochila con una cámara oculta que las grababa mientras de cambiaban, duchaban y aseaban. Un día, las mujeres descubrieron que la mochila no pertenecía a ninguna de ellas y al abrirla se encontraron la cámara que las grababa.
Tras poner el hecho en conocimiento de sus superiores, el mosso voyeur reconoció, según la versión policial, que la cámara era suya y que llevaba varios meses grabando a sus compañeras. Ello provocó que se llevara a cabo un registro, previa autorización judicial, en el ordenador particular que el policía tenía en su casa y en él descubrieron numerosas grabaciones. Al parecer, el mosso había estado grabando a sus compañeras durante unos siete meses.
En lugar de apartarlo del servicio, los responsables de los mossos optaron por trasladar al agente a otra comisaria, manteniendo su empleo y su sueldo. Al parecer, el procedimiento interno iniciado por el cuerpo policial quedó en suspense hasta que se resuelva el juicio penal al que será sometido el mosso tras la denuncia interpuesta por las mujeres que fueron grabadas.
LA GENERALITAT, RESPONSABLE
Pese a que el mosso reconoció, según fuentes policiales, ante sus compañeras y sus jefes que había estado grabándolas en el vestuario, ante el juez que investigó el caso se negó a declarar.
Tras las averiguaciones llevadas a cabo por el cuerpo de la policía autonómica, el fiscal encargado del caso pide para el acusado cuatro años de cárcel y una indemnización de 10.000 euros para cada una de las 17 mossas a las que grabó.
Al tratarse de un funcionario público, la jueza encargada del caso ha incluido al Departament d'Interior como responsable civil subsidiario y en el caso de que el mosso fuera condeando y no pudiera hacer frente a la indemnización, sería la Generalitat la que debería hacer frente a la multa.